Varias organizaciones de libertad de prensa, de defensa de los derechos humanos y de oposición condenaron hoy la multa millonaria impuesta en Venezuela a la cadena de televisión Globovisión y afirmaron que con esa sanción, que el mismo canal privado considera "impagable", se busca el cierre del medio.
La Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) anunció este martes que impuso una multa a Globovisión -de línea crítica con el Gobierno del presidente, Hugo Chávez- por un valor del 7,5 % de los ingresos brutos del canal durante 2010 (unos 2,1 millones de dólares), por el tratamiento informativo que dio a una crisis penitenciaria en junio pasado.
Dicha sanción fue calificada como una "represalia" por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expresó hoy en Lima, donde clausuró su 67 Asamblea General, su solidaridad con la cadena y señaló que la medida busca "ahorcar" al medio.
En esa línea, el director del diario peruano La República, Gustavo Mohme, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la SIP, declaró que el fallo es "una mordaza y una amenaza" para Globovisión.
En este caso hay "una combinación de medidas legales cuestionables destinadas a ahorcar financieramente" al canal de televisión, aseguró el estadounidense Milton Coleman, editor del Washington Post y elegido hoy presidente de la SIP.
Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), con sede en Montevideo y que agrupa a más de 17.000 emisoras privadas de radio y televisión de todo el mundo, consideró la sanción como un paso "hacia la total hegemonía del Gobierno".
En un comunicado, Luis Pardo, presidente de la AIR, opinó que la multa busca silenciar "al último canal de televisión abierta que mantiene una línea editorial independiente" en el país.
"Esto demuestra que en Venezuela, donde no hay independencia de los poderes del Estado y por ende tampoco hay un Estado de Derecho, se cierran medios y se silencian las voces no afines con el Gobierno, mediante procedimientos de apariencia legal, cuyos resultados son digitados e instruidos públicamente sin ningún disimulo por el propio presidente", afirmó.
En el mismo sentido se expresó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela, al advertir que el Gobierno quiere "quebrar" al medio.
En la decisión de la Conatel es "abiertamente evidente la búsqueda de quebrar, de cerrar a un medio de comunicación", dijo la presidenta del CNP, Silvia Alegrett, quien se dijo "indignada" y anunció que seguirán denunciando estos hechos ante las instancias internacionales.
"Ahora el Gobierno ha tomado la decisión de no solamente dictar pautas de contenido (...) sino que, además, nos va a dictar cómo tenemos que hacer nuestro trabajo y es gravísimo", agregó.
Venezuela Awareness Foundation (VAF), un grupo venezolano de derechos humanos con sede en Miami, también criticó la multa y alegó que esa medida busca "la censura, el control y el cierre de medios de comunicación".
"El mandatario Hugo Chávez no tiene ningún interés en la pluralidad de opiniones, porque sólo se busca 'la hegemonía comunicacional' y la opinión del oficialismo", sostuvo la organización al advertir sobre que la "falta de independencia" del poder judicial no garantiza un proceso justo a la prensa del país.
Para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma que aglutina a gran parte de la oposición venezolana, la sanción es una "forma hipócrita" con la que el Gobierno intenta cerrar el canal "mediante la asfixia económica".
Según Comisión de Telecomunicaciones, en la cobertura por parte de Globovisión de la crisis carcelaria abierta el 15 de junio y que se extendió durante casi un mes con un millar de presos acantonados en el penal El Rodeo, cercano a Caracas, ante el cerco de miles de militares, "existió la falta administrativa de apología del delito".
"También se demostró el odio y la intolerancia por las razones políticas", dijo el responsable de Conatel, Pedro Maldonado, al afirmar que el canal editó vídeos para introducir ruido de ametralladoras que no había, algo negado taxativamente por el canal.
Conatel explicó que la multa "es ejecutable de manera inmediata", que no supone la suspensión temporal de la señal del medio y que el canal puede acudir a la vía judicial para apelar la decisión.
En ese sentido, la vicepresidenta del canal, María Fernanda Flores, aseguró que la multa es "impagable" e incluso supone "el quiebre económico de Globovisión", al tiempo que anunció que apelarán la medida, "así sea a la corte celestial".
