El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, vetó, por considerarla "inconstitucional", una ley que permitía la realización de consultas populares acerca de temas relacionados con el medio ambiente, informó hoy una fuente oficial.
Rodrigo Arias, ministro costarricense de la Presidencia y hermano del presidente, declaró hoy en una conferencia de prensa que "el Poder Ejecutivo está devolviendo esta ley al Congreso sin la sanción (firma) respectiva".
"La estamos vetando por razones de inconstitucionalidad", afirmó Arias en una rueda de prensa y ante el aplauso de empresarios presentes en la Casa Presidencial como testigos de un acto oficial en el que también se anunció un proyecto para inyectar 117,5 millones de dólares a bancos estatales para reactivar el crédito al sector productivo.
La "Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental", aprobada por consenso en el Congreso el 30 de octubre pasado, permite las consultas populares acerca de asuntos como uso del suelo, ordenamiento territorial, aprovechamiento del recurso hídrico, gestión de residuos y gestión forestal, entre otros.
Rodrigo Arias aseguró que esa legislación contiene una "clara invasión de competencias" entre poderes, al atribuir al Ministerio de Ambiente responsabilidades del Tribunal Supremo de Elecciones en la organización de las consultas.
El ministro Arias también afirmó que la ley violenta un artículo de la Constitución Política que prohíbe la realización de consultas populares para decidir sobre actos administrativos como los pueden ser reglamentos de construcción y planes reguladores de desarrollo.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) explicó hoy en un comunicado que esa legislación podría afectar el desarrollo de infraestructura pública y privada y limitaría el desarrollo de la producción agrícola, pecuaria, industrial, la actividad turística y de la construcción.
Los empresarios consideran que la ley podría ocasionar que las comunidades impidan el desarrollo de proyectos de interés nacional que provocan un impacto ambiental y suelen tener oposición como plantas hidroeléctricas, rellenos sanitarios o carreteras, así como obras privadas como hoteles y fábricas.
La UCCAEP afirmó que apoya la aprobación de una ley "moderna que proteja los recursos naturales y que lleve al desarrollo nacional y la producción a esquemas sostenibles con el ambiente".
La ley indica que la consulta popular en una determinada comunidad puede ser convocada por el Ministerio de Ambiente (MINAE) o por la recolección del diez por ciento del padrón electoral del lugar.
Ahora la ley retornará al Congreso donde los diputados deberán decidir si la modifican o la archivan.
