Un juez argentino ordenó suspender la aplicación de la nueva ley de Medios de Comunicación Audiovisual, cuya aprobación desató el rechazo de grandes empresas periodísticas y de la oposición en Argentina, informó hoy la prensa local.
La decisión del juez Miguel Antonio Medina, de la provincia de Salta (noroeste), es la segunda que adopta la Justicia en contra de la nueva legislación que regula el mercado de televisión y radio en Argentina.
A pedido del Comité de Defensa del Consumidor, Medina suspendió la aplicación de los límites que fija la nueva norma a la acumulación de licencias y del plazo de un año que tienen las empresas que exceden esos límites para desprenderse de licencias.
Además, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de reglamentar la ley.
Aunque se conoció hoy, la resolución de Medina fue adoptada el miércoles, el mismo día que otro juez, Edmundo Carbone, hizo lugar a una medida cautelar del Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país.
Carbone ordenó dejar sin efecto el artículo 41 de la nueva norma, que impide la transferencia de licencias sin la autorización previa de la Autoridad de Aplicación (organismo regulador) y el 161, que fija el plazo de un año para adecuarse a la ley.
Después de que el Parlamento aprobara el 10 de octubre la Ley de Medios Audiovisuales, en medio del rechazo de parte de la oposición y de las grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses, fueron planteadas varias acciones de amparo contra esta norma.
El Gobierno, que impulsó la iniciativa, ha interpretado que la ley permitirá "democratizar definitivamente" la comunicación en Argentina, mientras algunos sectores de la oposición y grupos periodísticos consideraron que la nueva norma dará al Ejecutivo "mayor poder" sobre los medios de prensa.
El texto también establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión, catorce menos que el límite actual, y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado entre las empresas con intereses en el sector.
Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual presidenta, Cristina Fernández, el Ejecutivo mantiene una tirante relación con la prensa y en los últimos años profundizó su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
