El Congreso peruano aprobó hoy el uso de brazaletes electrónicos para los presos procesados y sentenciados a menos de seis años de cárcel, lo que les permitirá cumplir sus condenas fuera de prisión.
El proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo, fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, que recoge en estas fechas las atribuciones del pleno, con los votos a favor de 17 legisladores, nueve en contra y ninguna abstención.
La norma establece que la "vigilancia electrónica personal" podrá aplicarse a los casos de los procesados por delitos cuya pena no sea mayor de seis años y a los condenados con pena privativa no mayor de los seis años.
Los condenados mayores de 65 años, los que sufran una enfermedad grave, de discapacidad permanente o las mujeres que están en el último trimestre de gestación también podrán acceder a este beneficio.
Según nota de prensa del Congreso, los legisladores sólo introdujeron una modificación al proyecto enviado por el Ejecutivo: en el original se señalaba que los presos que podían beneficiarse serían los que tuvieran penas menores de ocho años, lo que finalmente varió a seis.
Este cambio afecta especialmente a los extranjeros presos en Perú por tratar de sacar droga a través del aeropuerto, ya que la pena por este delito es de 6 a 8 años de prisión.
La norma también establece que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) será el encargado de implementar y ejecutar el uso de los brazaletes electrónicos, que serán aplicados de forma progresiva, según las condiciones técnicas y en el ámbito y territorio que señale la reglamentación.
Cuando el Ministerio peruano de Justicia presentó el proyecto de Ley se señaló que el objetivo del mismo era reducir en 2.000 presos las hacinadas cárceles del país que, con una capacidad total de 23.331 internos, alojan a 44.607 reclusos, el 55 por ciento de los cuales aún no ha sido sentenciado.
Sin embargo, diversos medios de comunicación y políticos de la oposición han alertado sobre el beneficio que el uso de este sistema podría tener para los políticos y empresarios presos sentenciados por corrupción.
Tras la aprobación de la ley, el ministro peruano de Trabajo, Aurelio Pastor, calificó la noticia como "positiva para el país" y anunció que, "inmediatamente", se procederá a la licitación, en concurso público, del sistema de brazaletes.
