Los extranjeros encarcelados en Perú podrán cumplir sus condenas en sus países de origen, lo que permitirá a centenares de presos, solicitar su traslado, según una ley publicada hoy por el Congreso de ese país.
La norma publicada requiere que el preso extranjero con una condena en firme dé su libre y expreso consentimiento al traslado, al tiempo que exonera al reo del pago de las reparaciones civiles que hasta hoy eran el principal obstáculo para la repatriación de estas personas.
Una salvedad en la aplicación de esta medida serán los condenados que también tengan nacionalidad peruana, que deberán cumplir su condena íntegramente en el país andino.
Asimismo, la exoneración del pago de multas y reparaciones se aplicará siempre que el agraviado sea únicamente el Estado peruano, y si el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) acredita razones humanitarias o que el condenado carezca de medios económicos suficientes.
Esta propuesta fue aprobada por el Congreso peruano el pasado día 12 de diciembre con tan sólo un voto en contra.
Según el congresista Juan Carlos Eguren, que presentó la propuesta, esta medida permitirá disminuir la población en las cárceles peruanas y la resocialización de los extranjeros en sus países de origen.
El ministerio de Justicia calcula que unos 1.000 presos extranjeros podrán acogerse a esta medida.
De acuerdo con datos del INPE, más del 80 por ciento de los extranjeros reclusos en las cárceles peruanas se encuentra allí por tráfico ilícito de drogas.
Los más de 170 españoles reos constituyen el colectivo más numeroso de presos extranjeros en Perú, por delante de los colombianos, los bolivianos y los mexicanos.
La ministra de Justicia Rosario Fernández explicó que mantener reclusos extranjeros es muy costoso para el Estado peruano, además de que su presencia agrava el hacinamiento de las prisiones del país.
Gran parte de los presos extranjeros no pueden pagar los montos de reparación solidaria al Estado peruano que se les impone en sus condenas por los delitos cometidos y que oscilan generalmente entre 500 y 2.500 soles (170 y 850 dólares).
Esas personas pueden acceder a beneficios penitenciarios y salir antes de la prisión, pero no pueden abandonar el país sin pagar las multas, lo que los sitúa en una suerte de limbo administrativo en el que no pueden trabajar, reinsertarse ni regresar a su país.
Las prisiones peruanas sufren graves problemas de hacinamiento y falta de recursos, en donde abundan enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
