Un representante del Estado argentino pidió hoy 25 años de cárcel para el dictador Reynaldo Bignone y otros cuatro generales por su responsabilidad en 25 desapariciones y decenas de tormentos, allanamientos ilegales y robos cometidos durante el último régimen militar, informaron fuentes judiciales.
Ciro Annichiarico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, hizo esta solicitud al concluir su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín, que en noviembre último dio inicio a este juicio que ventila crímenes cometidos en la unidad militar de Campo de Mayo.
El querellante oficial pidió igual pena para los ex generales Santiago Riveros, Jorge García, Fernando Verplaetsen y Alberto Tepedino, mientras que reclamó 20 años de prisión para Eugenio Guañabens Perelló.
En este proceso sólo se juzgan delitos contra 58 víctimas, una porción ínfima de las 5.000 que se estima que pasaron por esta guarnición militar donde funcionaron cuatro campos de prisioneros, en los que pocos sobrevivieron.
El principal delito imputado a los acusados es el de "privación ilegal de la libertad agravada por el tiempo transcurrido", correspondiente a las desapariciones forzadas, ya que como nunca se encontraron los cadáveres no pueden ser acusados por homicidio, delito que prevé penas de hasta reclusión perpetua.
También están previstos para hoy el alegato de la abogada Alcira Ríos, representante de algunas de las familias de las víctimas, y posteriormente los de los fiscales.
Las jornadas de alegatos concluirán el próximo 25 de febrero y se espera que el tribunal dicte su sentencia en la segunda semana de marzo.
Bignone, de 81 años, fue el último presidente de la dictadura que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983, y que dejó, según los organismos de derechos humanos, unos 30.000 desaparecidos.
