Dirigentes de organizaciones campesinas y colectivos sociales demandaron hoy al presidente de Guatemala, Otto Pérez, levantar el estado de sitio en la población indígena de Santa Cruz Barillas y que se libere a los 17 detenidos por supuestamente liderar los disturbios el pasado 1 de mayo.
En una carta abierta firmada por 500 integrantes de unas 40 organizaciones campesinas y sociales que conforman la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, se le solicita al mandatario anular, de forma inmediata, el estado de sitio porque "la medida no asegura que se resuelvan las causas que originaron el hecho conflictivo".
La investigadora social Carmen Reina, que integra una de las organizaciones que apoya a la Coordinadora, dijo a periodistas que los disturbios se originaron por el asesinato del líder comunitario Andrés Francisco Miguel, en un hecho que le atribuyen a guardias privados de la empresa Hidro Santa Cruz, de capital español, que construye una hidroeléctrica en la población.
Miguel iba junto a Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé, quienes resultaron heridos de bala al ser emboscados por los guardias, asegura.
Por medio de espacios pagados en la televisión local, Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la española Hidralia Energía S.A., rechazó las acusaciones y señaló a los líderes de la comunidad de pretender "confundir" a los pobladores para que rechacen el proyecto hidroeléctrico que promueven.
Según la empresa, los trabajadores estaban de vacaciones cuando sucedió la revuelta en Santa Cruz Barillas.
La Hidro Santa Cruz, con autorización del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, se estableció en 2009 pero fue hasta en enero pasado que puso en marcha el proyecto conocido como "Cambalam".
Reina sostuvo, en declaraciones a periodistas, que el asesinato de Miguel fue lo que provocó el "levantamiento" de la población que llegó hasta el cuartel militar a buscar a los guardias privados que supuestamente se habían refugiado en ese lugar.
"El asesinato del líder comunitario exacerbó los ánimos y produjo una natural respuesta de indignación", expresa la carta abierta al jefe de Estado.
Según los dirigentes, el descontento en contra de la construcción de la hidroeléctrica es porque el área era tradicionalmente un centro ceremonial, de uso agrícola y de agua, y también porque en 2011 se firmó un acta en la que la población rechaza el proyecto en una consulta comunitaria.
Los dirigentes sociales también piden a las autoridades que se libere a los 17 detenidos, 15 de ellos acusados de actos de terrorismo, allanamiento de propiedad privada y militar, y 2 por trata de personas.
También que se investigue y se hallen a los responsables del crimen de Miguel y las heridas a los otros dos líderes comunitarios, y que se garantice la seguridad en la población.
Hasta ahora las autoridades no han informado sobre los avances de las investigaciones sobre el asesinato de Miguel.
Asimismo, que se suspendan las actividades de la Hidro Santa Cruz y que se inicie un verdadero diálogo para resolver los reclamos de los pueblos indígenas que se oponen a la depredación de los recursos naturales.
La misiva está firmada por integrantes de unas 40 organizaciones campesinas y sociales que conforman la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej.
El presidente Pérez Molina visitó ayer la población y aseguró que se respetan los derechos humanos, pero reiteró que su Gobierno no va a tolerar que se violente el estado de derecho.
Anunció que en la medida que retorne la gobernabilidad a la población se derogará el estado de sitio que se decretó por un periodo de 30 días.
