Miembros del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa suscribieron hoy una declaración conjunta en la que piden que se desbloquee el proceso de adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos, previsto en el Tratado de Lisboa.
"Estamos extremadamente preocupados de constatar que el Reino Unido y, en menor medida, Francia, intentan echar a perder por motivos políticos el proceso de adhesión", dice el escrito.
La declaración lleva la firma de la presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Barbara Lochbihler, y de la ponente de la Asamblea del Consejo de Europa sobre el impacto del Tratado de Lisboa, Kerstin Lundgren.
La adhesión de la UE al citado Convenio, cuya negociación se inició en julio de 2010, es, según las firmantes, "indispensable para garantizar plenamente los trabajos de los Tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo".
El texto añade que no se puede correr el riesgo de hacer abortar el proceso, ya que ese fracaso "podría debilitar el actual sistema de protección de derechos humanos" creado hace 60 años por el Consejo de Europa.
El Convenio protege, entre otros, los derechos a la vida, a un juicio justo, a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, a la vida privada y familiar, y prohíbe la tortura, el trabajo forzado y la discriminación.
Fuentes diplomáticas informaron a Efe de que la última reunión donde ambas organizaciones abordaron la postura del Reino Unido y Francia se produjo el pasado 19 de enero en Bruselas.
Las propuestas de ambos países -la mayoría técnicas, pero también políticas, como el derecho de voto del representante de la UE en el seno del Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano legislativo de la organización- centrarán una nueva reunión en febrero.
Según dijeron a Efe fuentes conocedoras del proceso negociador, que pidieron el anonimato, "hasta que no se reforme el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se producirá la adhesión de la UE al Convenio".
La reforma del Tribunal de Estrasburgo, que pretenden los 47 Estados miembros de esa organización paneuropea, busca acabar con su funcionamiento como Corte de cuarta instancia y evitar el aumento constante de casos pendientes, que en la actualidad superan los 150.000.
