El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció hoy la construcción de cuatro nuevas cárceles que deben estar finalizadas en 2014, y la ampliación de otras cinco, con el fin de reducir el hacinamiento que se puso de manifiesto con el incendio en el que en diciembre murieron 81 reos.
En total se habilitarán 11.000 nuevas plazas, de las cuales 8.800 corresponderán a las prisiones programadas.
Esta medida forma parte de un plan de reestructuración del sistema carcelario, dado a conocer este jueves por Piñera, que también fomenta la separación de los presos según su grado de peligrosidad y pone énfasis en su rehabilitación.
Este programa se suma al paquete de cuatro medidas presentado el pasado 8 de marzo que también pretende mitigar la congestión a través de la concesión de beneficios carcelarios que podrían otorgarse a unos 10.000 reclusos no peligrosos, enfermos o de buena conducta.
"Tenemos un sistema carcelario en el que el hacinamiento es absolutamente inaceptable", declaró hoy el mandatario, que ha hecho de la lucha contra la delincuencia una bandera de su campaña electoral y de su primer año de Gobierno.
Según Piñera, la población penal en Chile es de 109.000 personas, de las cuales 54.000 están privadas de la libertad en centros carcelarios, mientras que las prisiones del país tienen solo capacidad para 35.000 reclusos, lo que supone una sobrepoblación de 19.000 personas.
Con la construcción de esas cuatro nuevas cárceles, que se levantarán entre las regiones centrales de Valparaíso y del Maule y acogerán a distintos presos según su peligrosidad, se añadirán 8.800 nuevas plazas al sistema carcelario.
Dos de los recintos, con una capacidad de 2.400 reclusos cada uno, se destinarán a internos de baja peligrosidad y estarán especialmente orientados a su rehabilitación a través de actividades académicas y laborales.
Otra cárcel, habilitada para acoger a 2.000 personas, tendrá a reos de alta peligrosidad y que "no tienen ninguna disposición a rehabilitarse", según detalló en el mismo acto el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
El cuarto, también para unas 2.000 personas, será un centro de clasificación, al que llegarán presos que hayan sido condenados por primera vez, y donde durante unos 30 días se evaluará su nivel de peligrosidad para derivarlos después al penal correspondiente.
Además, se ampliarán las prisiones de Iquique, Quillota, Rengo, Concepción y Coyhaique para crear 2.200 nuevas plazas.
"Necesitamos separar a los presos de alta peligrosidad de aquellos que son presos por primera vez, que son de baja peligrosidad, y que tienen que tener la posibilidad de rehabilitación", defendió Piñera.
El incendio que el pasado 8 de diciembre se desató en el penal santiaguino de San Miguel, en el que murieron 81 reos, reveló que presos con delitos de sangre convivían en los mismos pabellones con condenados por pequeños hurtos o por vender discos piratas.
Piñera señaló hoy que este plan también incorpora "el fortalecimiento de las penas alternativas a la reclusión y la privación de la libertad para que los delincuentes de menor peligrosidad puedan cumplir con penas alternativas, como trabajo comunitario y reclusión en los hogares".
Además, se modernizará el servicio de Gendarmería (guardia de prisiones) y se cambiará el modelo de diseño, construcción y operación de las cárceles, que actualmente desarrollan empresas privadas a través de un sistema de concesiones.
Con este nuevo plan, el Estado volverá a encargarse del diseño y la construcción y sólo dejará en manos de una empresa concesionaria la fase de operación.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) presentó hoy una querella por injurias graves con publicidad en contra de tres importantes medios de comunicación por supuestamente haber informado de que dos gendarmes se encontraban bajo la influencia del alcohol cuando se produjo el incendio en la cárcel de San Miguel.
