Hay jurisprudencia del propio Tribunal Electoral que aclara la residencia electoral, tema por el cual se busca inhabilitar a Ricardo Martinelli.
Fallo previo del Tribunal Electoral aclara tema sobre residencia electoral de Ricardo Martinelli. Foto: Panamá América.
Presunta irregularidad con la residencia electoral y vinculación a un proceso judicial en curso, son los principales argumentos de quienes intentan presionar para que el Tribunal Electoral (TE) impida el curso de las candidaturas para diputado y alcalde del expresidente Ricardo Martinelli.
Sin embargo, ya existe jurisprudencia del propio Tribunal Electoral (TE) que aclara estos conceptos, y cuya exposición avala las aspiraciones del exmandatario.
En este sentido, la defensa de Martinelli (y también declaraciones recientes de los magistrados del TE) sostienen que mientras una persona no tenga una condena en firme, puede correr para cargos de elección popular, como es el caso del expresidente, quien enfrente un proceso por supuestas escuchas telefónicas.
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Pero en el pasado, incluso con personas condenadas y que habían cumplido la pena impuesta, el Tribunal Electoral se mostró a favor de que fuera el pueblo quien decidiera su participación en los procesos electorales.
“El ideal es que debe ser el pueblo, mediante el ejercicio del voto, quien decida si una persona condenada en el pasado por algún delito, debe o no llegar a ejercer un cargo por elección popular.
Valga pues, este caso, para llamar la atención no solo de la opinión pública, sino de los legisladores y dirigentes políticos, sobre la existencia en nuestro ordenamiento constitucional de normas electorales que representan realmente una aberración y un atentado contra la vigencia de los derechos humanos en un Estado democrático”, se lee en un fallo firmado por los entonces magistrados Erasmo Pinilla, Denis Allen Frías y Eduardo Valdés Escoffery (aún activo en el cargo).
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Este fallo se dio ante una impugnación que en su momento se presentó en contra de Mayín Correa, en su aspiración a la candidatura de la alcaldía de Panamá. Dicha impugnación fue rechazada por los magistrados por “infundada”.
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