Figuras de Juan Carlos Varela deben declaración de sus bienes

A pesar de que la Ley 59 de 1999 exige que funcionarios salientes como ministros, directores y magistrados presenten su declaración jurada de estado patrimonial al finalizar sus funciones, en un término de 10 días, la mayoría de las figuras de mando en la administración de Juan Carlos Varela no ha presentado el documento.

De hecho, a la fecha solo han presentado su declaración de bienes ante notaría y la Contraloría, la exministra de Desarrollo Social (Mides), Michelle Muschett; el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Rolando de León de Alba, y el exvicecanciller, Luis Miguel Hincapié.

La norma exige que si un servidor público incumple con este requerimiento al finalizar su gestión, debe ser sancionado con una multa.

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Pero esta es una de tantas normativas legales que han pasado a ser una especie de letra muerta, y que no es atendida en tiempo oportuno por la mayoría de los que son señalados a acatarla.

"Creo que hay que diseñar un instrumento mucho más acucioso", opina el politólogo Enoch Adames.

Con esta postura coincide el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz.'

La Ley 59 señala que la declaración jurada de estado patrimonial debe ser presentada por el presidente, magistrados, ministros y directores, al inicio y al finalizar sus funciones, en un término de 10 días.

La norma vigente también establece que el servidor público que incumple con este requerimiento, si está en funciones, se le debe suspender el salario. Y si el incumplimiento se da al finalizar su gestión, debe ser sancionado con una multa.

El propósito subyacente que contiene la norma es que ante cualquiera anomalía que se presuma del informe, y si la Contraloría considera que hay enriquecimiento injustificado, se remita copia a la Procuraduría para que se inicie una investigación.

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Según el jurista, se debería implementar para los altos funcionarios del Gobierno saliente, un sistema similar al que aplicó el Tribunal Electoral (TE) con todos los candidatos involucrados en el torneo electoral.

Esto, en referencia a las multas que se dieron -y que se continúan aplicando- en el plazo indicado a aquellos candidatos que no presentaron sus informes financieros de campaña.

"Esto permite que la Contraloría tenga poder coercitivo, en adición a la mera obligación formal de presentar la declaración jurada patrimonial", explicó el abogado.

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Rolando de León de Alba fue el primer director de entidad autónoma (Banco Nacional) en hacer pública su declaración de bienes, el 29 de junio, ante la Notaría Octava y la Contraloría.

La exministra Michelle Muschett lo hizo el 2 de julio, mientras que el exviceministro Luis Hincapié, el 3 de julio.