En el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela se ordenaron "intervenciones" y "reorganizaciones" que provocaron serias afectaciones a entidades bancarias, sin aparente justificación, lo que ahora ha provocado millonarias denuncias dirigidas exclusivamente en contra del Estado panameño.

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No obstante, esto puede cambiar, y la responsabilidad por las posibles indemnizaciones que provoquen estos procesos legales, serían compartidas con los funcionarios que estuvieron involucrados en las acciones que afectaron a empresas, a individuos particulares o a entidades bancarias.

Esto si prospera un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por la diputada de Cambio Democrático (CD), Mayín Correa, el cual ya fue prohijado por la comisión.

"La iniciativa busca hacer modificaciones al Código Penal, porque actualmente no encontramos cómo demandar a los funcionarios que incurren en omisiones o en extralimitaciones que terminan provocando demandas contra el Estado", explicó la diputada proponente.

La diputada de CD agregó que su iniciativa de ley también aplica para los recientes casos que han surgido, donde se denuncian supuestas extralimitaciones desde la Superintendencia de Bancos, con acciones arbitrarias cometidas por interventores y superintendentes nombrados por el expresidente Varela.

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Dichas acciones han provocado demandas de hasta $80 millones por daños y perjuicios, pero donde no mencionan a los funcionarios involucrados.

"Esto no puede seguir. Las personas que cometen las faltas son las que deben asumir la responsabilidad, y no el Estado", reiteró la parlamentaria.

Promesa

La diputada Mayín Correa reveló a Panamá América que el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Leandro Ávila, le prometió que al inicio de la nueva legislatura, este proyecto será "prioridad" para darle primer debate.

"Lo vamos a hacer, lo vamos a pasar, vamos a reformar el Código Penal, e inmediatamente vamos a interponer las correspondientes demandas en contra de funcionarios que han afectado los intereses del Estado", concluyó Correa.

Bancos

Entre los bancos que fueron afectados por la política de persecución injustificada que se implementó en la gestión de Juan Carlos Varela, se encuentran Balboa Bank y AllBank.

Este último, de capital venezolano, fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el pasado 9 de septiembre por 30 días, plazo que se extendió 30 días más, y que vence hoy, 8 de noviembre.

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Al respecto, un grupo de empresarios de la  Zona Libre de Colón (ZLC) envió ayer cartas a la Superintendencia de Bancos de Panamá y a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura mostrando su preocupación por la toma de control administrativo y operativo del banco, lo cual ha afectado a inversionistas y depositantes.

En la misiva, los empresarios piden al regulador "una solución inmediata" a la situación, señalan que sienten "indefensión e incertidumbre", y advierten que también "está en peligro la operación de numerosas empresas que generan empleo y tributos a nuestro país".

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