El Gobierno de Panamá expresó hoy sus condolencias a Perú por la muerte del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido el miércoles en el marco de la investigación por el caso de corrupción Odebrecht.

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En un comunicado difundido por la Cancillería panameña, el Gobierno de Juan Carlos Varela extendió "sus condolencias al Gobierno y Pueblo de la República del Perú por la desaparición física" de García.

"Panamá transmite su más sentido pésame a todo el pueblo peruano, en especial a los familiares del expresidente, quien en vida, se desempeñó además como abogado, orador, diputado constituyente y senador vitalicio", añadió la misiva oficial.

Miles de personas, incluidos políticos y partidarios, acudían hoy a despedir al expresidente peruano en el velatorio levantado en la "Casa del Pueblo", la antigua sede del partido Aprista, que lideró García, ubicada en el centro de Lima.

Desde la madrugada los seguidores del exmandatario, muerto a los 69 años, formaban largas colas para ingresar al salón donde se velan sus restos, rodeado de banderas e imágenes de García y del fundador del partido, Víctor Raúl Haya de la Torre.

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Pese a que el gobierno de Perú presidido por Martín Vizcarra decretó tres días de luto oficial y ofreció rendirle honores como exjefe de Estado, la familia de García rechazó esa opción y prefirió optar por un último adiós entre sus familiares y amigos.

Los restos mortales de García serán cremados y sepultados este viernes en un cementerio privado a las afueras de Lima, informaron fuentes del Partido Aprista Peruano (PAP).

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García era investigado por la Fiscalía para averiguar si había recibido sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que pagó dádivas en una docena de países de Latinoamérica para adjudicarse grandes contratos en obras públicas.

En Perú el caso Odebrecht también tiene imputados a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la líder opositora Keiko Fujimori por las donaciones irregulares que recibió para sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.