Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se abocan a una especie de pugna por el caso del diputado de Guna Yala, que podría desempolvar otros expedientes de investigaciones mutuas.
Cortizo volvió a recomendarle ayer al diputado Arias que se separe voluntariamente del cargo. Foto de Víctor Arosemena
La separación del cargo de diputado del perredista Arquesio Arias, acusado de delitos sexuales, se ha convertido en tema con choque de criterios, y que involucra a los tres poderes del Estado.
Ayer, el Ejecutivo, por intermedio del presidente Laurentino Cortizo, recomendó nuevamente al diputado de Guna Yala que se separe del cargo y que habilite a su suplente, para concentrarse en atender las serias denuncias que pesan en su contra.
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"Por la situación, por las implicaciones, por lo que representa para la misma Asamblea, para la sociedad, yo sugeriría que deje a su suplente y que entre en proceso de esa investigación, obviamente respetándole su debido proceso, la presunción de inocencia, pero yo dejaría al suplente", expresó el presidente.
De hecho, ya el pasado lunes, el mandatario Laurentino Cortizo había dejado en claro su posición en este tema, cuando señaló que "si se tratara de Nito Cortizo, yo me hubiese separado".
No obstante, el Órgano Legislativo (actualmente dominado por el partido PRD), se ha mantenido esquivo con el tema, aduciendo que es algo que ya escapa a la competencia directa de la Asamblea.
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Precisamente para lograr la polémica "separación" del cargo, el caudal de pruebas recabadas será vital.
Al respecto, el magistrado fiscal Olmedo Arrocha ya anunció una gira a Ustupu (Guna Yala) para obtener más información, pero en ambas cara de la moneda. "Nos corresponde investigar de manera objetiva en lo favorable y en lo desfavorable. Hago un llamado a la ciudadanía que tenga información, ya sea a favor o en contra, que se comuniquen con nosotros".
Arrocha también aclaró que la "inmunidad parlamentaria" fue derogada en las reformas constitucionales del año 2004. "Eso ya no existe. Lo que existe es la condición de aforado, para que los diputados no vayan a la justicia ordinaria, sino que tengan un tribunal especial que los juzgue", indicó.
Incluso la bancada del PRD, por intermedio de su vocero, el diputado Ricardo Torres, ha sido claro en mencionar que no le pedirán a Arquesio Arias que se separe del cargo.
Al espaldarazo dado por la bancada del PRD, se le suman las voces particulares de diputados influyentes del partido, como Leandro Ávila, quien manifestó que "este no es un tema de la Asamblea".
Según la legislación vigente, las acusaciones contra diputados son recibidas y tramitadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y viceversa, las investigaciones contra magistrados son atendidas en la Asamblea,
Hasta la combativa diputada Zulay Rodríguez han mantenido un discurso modesto con respecto a las acusaciones en contra de su copartidario, limitándose a pedir que se respete el debido proceso.
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Todo esto ha llevado a que el propio Arquesio Arias, como estrategia de defensa, se aferre a su curul, y ya ha dicho que no se separará del cargo.
El diputado de Guna Yala alega que las dos denuncias presentadas por abuso sexual (de una adolescente de 13 años, y su hermana mayor de edad), se enmarcan al momento cuando ejercía como médico en la comarca, "y de esa profesión yo ya me separé", puntualizó.
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El abogado Aldo Moreno explica que la sonada "separación" es vital, porque si el diputado voluntariamente lo hace, el proceso que lleva la CSJ se haría más expedito y más corto.
Finalmente, el Órgano Judicial, con la vocería del magistrado Olmedo Arrocha (fiscal asignado al caso) ha reconocido que la ley no les faculta para separar del cargo a Arquesio Arias.
No obstante, ya pidieron audiencia de imputación y audiencia de aplicación de medidas cautelares.
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"Y al final de la historia, si las pruebas son abundantes y contundentes, Arias no podrá seguir ejerciendo de diputado", concluyó el abogado Moreno.
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