Silencio desde Presidencia por denuncia contra expresidentes

Sin respuesta quedó el ministro de la Presidencia, José Simpson Polo, a pregunta que le realizara el diputado Juan Diego Vásquez sobre la demanda que interpuso el Gobierno contra dos expresidentes y un banco de la localidad.

Bajo la única respuesta de que la información le sería enviada por escrito posteriormente, sugerida por el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Pineda, Simpson Polo evitó responder a preguntas sobre cuánto le había costado al Gobierno, contratar a un abogado particular para colocar las denuncias antes mencionadas.

Hace unas semanas, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, a quien le correspondió interponer los recursos, había sostenido que la información no la tenía su despacho, lo que hace suponer que debe ser del conocimiento del ministerio de la Presidencia, algo que no negó el actual titular de la cartera, quien asumió el cargo en febrero de este año.

Las denuncias por el caso Odebrecht, fueron instruidas en el gobierno de Juan Carlos Varela, en una resolución que firmó el exministro Alexis Bethancourt.

Ante esto, Pino respondió que lo que hizo fue ejecutar lo que decía el documento, lo que llamó la atención porque no estaba en la obligación de hacerlo.

El Gobierno tuvo que retirar la demanda contra el banco debido al impacto que había ocasionado a nivel local, que amenazaba con alterar el funcionamiento de la institución bancaria y del centro establecido en Panamá.

Descentralización

Este no fue el único tema en que el ministro de la Presidencia guardó silencio.

Sobre los fondos y competencias traspasadas a la Autoridad de Descentralización, anterior dependencia del Ministerio de la Presidencia, Simpson tampoco tuvo respuesta.

El diputado Vásquez solicitó la información al ministro, como presidente de la junta directiva de la Autoridad de Descentralización, sin embargo no obtuvo respuesta.

Simpson dio a entender que la junta directiva de la Autoridad no se ha reunido y que hay competencias que pueden ser trasladadas sin necesidad del organismo colegiado.

La distribución de fondos de la descentralización a alcaldías y juntas comunales ha generado polémica por los montos recibidos por algunos gobiernos locales, en un año preelectoral.  

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