La Fiscalía de Guatemala puso hoy a disposición del sistema de Justicia del país unos 750.000 dólares en efectivo que fueron confiscados al crimen organizado, para que sean utilizados en el combate de grupos que operan al margen de la ley.
La fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, entregó seis millones de quetzales (unos 750.000 dólares) a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Extinción de Dominio, la cual es dirigida por el vicepresidente Rafael Espada, para que sean distribuidos entre las instituciones de seguridad y justicia.
El dinero fue incautado meses atrás a miembros del crimen organizado que pretendía sacarlo del país, y fue entregado por disposición de un tribunal penal de la capital guatemalteca en cumplimiento de la Ley de Extinción de Dominio.
Esa normativa, que fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2010, y que cobró vigencia en julio pasado, faculta a las autoridades a confiscar a los grupos criminales los bienes adquiridos por medio de actividades ilícitas.
"Este es un paso importante para combatir al crimen organizado", ya que por medio de la Ley de Extinción de Dominio los recursos mal habidos de los grupos que operan al margen de la ley "se pondrán a disposición de la justicia con fines positivos", dijo Espada durante el acto oficial de entrega del dinero.
El titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Extinción, el exfiscal Amílcar Velásquez, explicó a los periodistas que en los próximos días se realizará la distribución de los fondos a las instituciones de acuerdo a lo que establece la ley.
Según la normativa, el 25 % de los bienes incautados deberá ser entregado al Poder Judicial, el 20 % a la Fiscalía, el 18 % al Ministerio del Interior, 20 % a las instituciones responsables del combate al narcotráfico, el 15 % para la Comisión de Gastos Administrativos y el 2 % para a la Procuraduría General de la Nación.
Según la fiscal general, se está a la espera de que los tribunales resuelvan peticiones para que doce vehículos y unos cien millones de quetzales (12,5 millones de dólares) en efectivo, que fueron incautados a grupos criminales, sean puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Extinción para entregarlos a las instituciones de justicia.
