Procuradora**Ana Matilde Gómez, Procuradora General de la Nación ha sugerido el establecimiento de algún "mecanismo para fiscalizar la gestión" de los magistrados. Con altura, Graciela Dixon, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ha discrepado con la idea, por considerar que puede menoscabar la independencia del poder judicial y propiciar a que los jueces fallen con base a simpatías individuales y sectarias.
Fallos**Precisamente lo último es lo que se busca evitar, esto es, que se sigan produciendo los exabruptos judiciales que han hecho de las últimas, décadas perdidas de la jurisprudencia nacional. Cualquiera que se dedique a revisar los fallos, desde el 80 para acá, advertirá una lamentable carencia de buen criterio, contradicciones inexplicables, inconsistencias y una buena cantidad de disparates, por decir lo menos.
Fiscalización**Y no hablamos de mala fe, que es otro tema que merece tratamiento aparte, pero que es fácilmente demostrable, con sólo hojear cualquier expediente cuestionado. No se trata de violar la independencia judicial sino de protegerla de malsanas influencias y malos juicios, susceptibles de causar mucho daño. No se juzga en el vacío, se juzga para el país, y no contra él.