Los profesores peruanos que sean acusados de apología del terrorismo serán destituidos con independencia de que se dicte una sentencia absolutoria o se archive la causa, según un decreto supremo publicado hoy en el boletín oficial.
El presidente de Perú, Alan García, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, firman esta norma que establece medidas administrativas aplicables al personal docente y administrativo del sector educativo en un momento en el que se reaviva la polémica en todo lo relacionado con el terrorismo.
Así, las personas que "realizan actos de proselitismo político y los constitutivos de los delitos de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización terrorista, instigación, reclutamiento de personas y apología del terrorismo", previstos en el Código Penal peruano y otras normas, incurrirán en una falta administrativa "muy grave".
Esta infracción supondrá la inmediata destitución del trabajador, independientemente de que haya sentencia condenatoria o absolutoria dictada por las autoridades judiciales, o de que la Fiscalía archive la denuncia.
De hecho, el texto precisa en uno de sus puntos que tanto la absolución como el archivo de la causa no modifican ni dejan sin efecto la destitución del personal.
Además, no se especifica quién puede presentar la correspondiente "denuncia o información" ante la autoridad educativa o administrativa.
Dicha autoridad, por su parte, deberá comunicar el caso inmediatamente al director de la llamada Unidad de Gestión Educativa Local o de la Dirección Regional de Educación, así como a la comisaría local y al Ministerio Público para que tomen las acciones oportunas.
Si la persona denunciada es un docente, éste será puesto a disposición de la oficina de personal y no podrá de ningún modo dictar clases ni permanecer en la institución educativa.
En cuanto a los condenados por terrorismo que hayan sido declarados rehabilitados judicialmente, tampoco podrán ingresar ni reingresar en el servicio educativo, aunque la norma establece que si trabajan para el Estado, entonces serán reubicados en otro puesto administrativo fuera de este sector.
En los próximos 15 días, las instituciones educativas públicas, locales y regionales deberán adaptar sus normas de acuerdo a este decreto, que se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno para perseguir los actos relacionados con el terrorismo, como la infiltración de agrupaciones terroristas en las universidades o su inscripción como partidos políticos.
Tanto el primer ministro peruano, Javier Velásquez, como el ministro de Defensa, Rafael Rey, han cuestionado el arrepentimiento que muestran los presos senderistas, tras la reciente concesión de libertad condicional a la estadounidense Lori Berenson y la aparición pública en una universidad de un movimiento que reclama la liberación de condenados por terrorismo.
Varios medios han criticado que algunos procesados por terrorismo hayan encontrado trabajo en el sector público, y particularmente en el educativo.
Sin embargo, el ministro Chang ha aclarado que "no se puede negar la plaza" a los que fueron procesados pero luego absueltos, no así a quienes tuvieron sentencia condenatoria, que "no pueden volver por ningún motivo y no lo han hecho".
