Las protestas que desde hace nueve días protagonizan trabajadores del sector bananero en Changuinola, en el occidente de Panamá, se cobraron hoy el segundo muerto, mientras en la capital las autoridades arrestaron a más de un centenar de líderes sindicales.
En una nueva jornada de enfrentamientos, que han dejado 32 heridos, el ministro panameño de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, confirmó la muerte de un trabajador por perdigones disparados por la Policía en Changuinola, capital de la provincia occidental de Bocas del Toro, que desde el jueves está aislada.
"La persona que murió hoy fue por impactos de perdigones, pero la primera víctima (Antonio Smith, un líder sindical) que se registró el jueves, las causas todavía no están esclarecidas", subrayó el ministro sin dar más detalles.
Papadimitriu indicó, además, que fueron liberados tres policías que se encontraban retenidos desde el pasado jueves.
El subteniente J.Pimentel, jefe de turno de la Policía Nacional de Changuinola, indicó a Efe que hoy hubo 32 heridos, entre ellos un capitán de la institución que fue herido de bala en una pierna, y que se registraron choques en Puente Torres, donde manifestantes y policías disputan el control del único acceso por carretera a la ciudad.
Los líderes sindicales del sector bananero de Changinola exigieron hoy la presencia del presidente, Ricardo Martinelli, y la derogación de la "Ley 30" o "Ley chorizo" para poner punto final a las protestas.
"El pueblo bocatoreño le dio el cien por cien de los votos a Martinelli y por ello queremos verlo aquí", dijo a Efe el líder sindical de la bananera Bocas Fruit Company, Omar Becker.
"No cederemos nuestra posición ni reclamos hasta tanto el presidente venga a Chanquinola y nos prometa derogar la ley 30", agregó, sobre una norma aprobada a mediados de junio por el Gobierno.
Esa controvertida ley permite, en el plano laboral, suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la "protección" de la empresa, cuya "operatividad" queda garantizada, así como la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical.
Becker celebró, por otra parte, la convocatoria hoy en la capital panameña de una huelga general para el próximo martes en apoyo a las protestas.
"Estamos ahora respaldados porque va a haber una huelga general lo que significa que todo el pueblo está respaldando nuestros derechos", dijo.
Colectivos sindicales, estudiantiles y sociales convocaron a esa huelga general y a una protesta para el lunes en una reunión celebrada en un hotel de la capital.
Tras la reunión, la Policía llevó a cabo una redada en la que detuvo a más de un centenar de personas que habían participado en ella bajo la acusación de tener ordenes de conducción -comparecencias ante las autoridades- pendientes relacionadas con el paro que hubo esta semana en las obras de ampliación del Canal de Panamá o haber obstruido la vía pública.
"La Policía Nacional hizo acopio de varias decenas de personas, inmediatamente fueron analizados y puestos en libertad aquellos que no tenían ningún tipo de situación pendiente con la ley, que entiendo son la mayoría", dijo el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino en conferencia de prensa.
"Esa redada fue mayor de lo que pudo haber sido en función de las personas buscadas individualmente, porque estaban trancando la vía frente al hotel donde tenían la reunión, hay una ley que prohíbe eso", señaló y aseguró que la mayoría de los arrestados ya están libres.
El ministro adelantó que la protesta convocada podrá realizarse si cumple con los requisitos administrativos y manifestó que el Gobierno estudiará la legalidad de la huelga.
Mulino reconoció que "no ha sido posible la conclusión de ningún tipo de arreglo que pacifique la provincia de Bocas del Toro en términos integrales" y acusó a los organizadores de las protestas de emborrachar a indígenas para que protesten y de instigar a la desestabilización en todo el país.
"Sabemos quiénes son", dijo, sin precisar detalles.
