La hidroeléctrica Barro Blanco, proyecto ubicado en el distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí, lleva más del 58% de avance y se espera que durante el primer semestre del próximo año inicien las primeras pruebas para la generación de 140 gigavatios por hora al año, cantidad que representará un 2% de la energía requerida por la demanda del consumo nacional y que serán ingresados al Sistema de Interconectado Nacional (SIN).
Así lo informó el director de proyectos renovables de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa), Julio Lasso, quien afirmó que las actividades se concentran en la construcción de la presa, la casa de máquinas y el aliviadero.
Este progreso se da, pese a las constantes críticas que desde su inicio el proyecto ha recibido por parte de grupos ambientalistas y residentes de la comarca Ngäbe-Buglé, quienes solicitaron el peritaje internacional independiente dirigido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos especialistas se espera que lleguen en las próximas semanas para realizar las evaluaciones correspondientes.
Beneficio regional
Según Genisa, en los trabajos de construcción laboran unas 250 personas, de las cuales el 98% son panameños. Cifras más precisas indican que el 83% de la mano de obra no calificada es oriunda del distrito de Tolé y sectores anexos a la comarca, lo que ha permitido un movimiento económico importante en esta zona del país.
Para realizar este megaproyecto, que representa una inversión superior a los 120 millones de dólares, se han empleado unas 15 empresas subcontratistas dedicadas al movimiento de tierra, seguridad, fabricación de hormigón, armados de refuerzos y control de calidad ambiental, entre otros servicios. Además, se mantiene a la empresa Hidráulica San José para la vigilancia de las tareas asignadas en cada especialidad relativas a construcción, seguridad, ambiente y calidad.
En cuanto al tema ambiental, Mauricio Fuentes, director de la Autoridad Nacional del Ambiente en la provincia de Chiriquí, señala que hasta la fecha la empresa está cumpliendo con lo pactado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), categoría III, que se aprobó desde el 9 de mayo de 2008.
Detalla que se han ejecutado efectivamente los planes de acción ambiental, entre ellos el rescate y reubicación de la flora y la fauna, la reforestación y la revegetación de las áreas dragadas.
Sin embargo, el principal punto del EIA establece que el caudal del río Tabasará, que abastece el proyecto, no bajará su nivel y mantendrá siempre su caudal ecológico.
Sobre ese último aspecto, Lasso sostiene que el proyecto es único en la región, ya que no cuenta con canal de aducción, evitando desviar las aguas del río Tabasará para generar la energía requerida.
Al referirse al embalse de la obra, el ingeniero señala que unas 240 hectáreas serán inundadas como área de reserva del agua para la presa y unas 10 hectáreas más son utilizadas en las estructuras físicas de la hidroeléctrica.
Voces en contra
Para el Movimiento 10 de Abril, que está integrado por indígenas y ambientalistas, el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco ocasiona la migración de muchas familias que residen a orillas del río Tabasará y acabará con la fauna acuática. De igual forma, cuestionan la manera como se originó el proyecto sin que, a juicio de ellos, se efectuaran las consultas a las comunidades cercanas ni se les explicaran los alcances reales.
Los ambientalistas, por su parte, han señalado que Barro Blanco representa un daño a la ecología por el represamiento del río y las inundaciones de varias hectáreas de terreno que formarán parte del lago artificial del proyecto.
Estas posiciones han generado diferencias de criterios entre la empresa, los grupos originarios y los ambientalistas, que han puesto como mediador al Gobierno y a la Iglesia católica para buscar una alternativa a las diferencias surgidas.
