Anciano intenta recuperar terreno con acción legal

P. Oeste. Un Amparo de Garantías Constitucionales fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución N°118-2002, dictada por el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, para cancelar la adjudicación del lote N° 215 asignada a la familia Quintero Ramos y ordenar el desalojo inmediato.
La acción legal interpuesta por la firma de abogados Manuel Arosemena y asociados, en defensa de la familia afectada, expone que la orden de anular la adjudicación a los actuales ocupantes del bien representa una clara violación a los artículos 17 y 113 de la Constitución Nacional.
El documento señala que las autoridades de la República deben proteger la vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren, y el ministro Cárdenas tiene una responsabilidad que le asigna el Estado de establecer una política nacional de vivienda para satisfacer la necesidad de una vivienda digna, principalmente a los de menos recursos.
"En este caso que nos compete no han sido las actuaciones del titular de Vivienda, Miguel Cárdenas, quien ejerce una función pública y al emitir la resolución N° 118-2002 pone en peligro la vida honra y bienes de nuestro defendido, quien ha reiterado su escaso nivel económico aunado a esto no tiene otro lugar donde vivir en caso de ser desalojado", señaló el jurista.
Por su parte, Serafín Pimentel Ramos, el afectado, dijo que a pesar de sus 72 años y su condición de pobreza las autoridades del MIVI otorgaron de forma extraña a la señora Melibeth Verónica Castillo el lote N° 215, ubicado en La Cascada, área revertida de Arraiján, que ocupa junto a su familia legalmente desde hace 3 años.
Reiteró que para despojarlo injustamente del terreno se utilizó como fundamento supuestos comentarios de vecinos que dijeron que él no se encontraba en el lote el día de una visita poco usual de los funcionarios del MIVI para confirmar si realmente vivía allí junto a su familia.
Pimentel Ramos interpuso un recurso de apelación y reconsideración de lo actuado por las autoridades del MIVI, pero fue rechazado por el ministro Miguel Cárdenas, por medio de una resolución y le anula la adjudicación y ordena el desalojo del bien en su contra para entregarle los derechos a otra familia.
Explicó que en la sustentación y reconsideración de la apelación, presenta una lista de más de 36 firmas de vecinos de la barriada informando su sorpresa de la decisión del titular del MIVI de despojarlo del lote y refutan las afirmaciones asumida por la institución.