PANAMÁ
La menor de 14 años fue vendida supuestamente por sus padres al capataz de una finca, por la suma de 1,000 dólares.
La orden de captura del ciudadano que supuestamente compró a la menor de 14 años en Chiriquí, fue girada por el Ministerio Público. Foto: Mayra Madrid
La Policía Nacional logró la aprehensión de un ciudadano de 43 años, presunto responsable de haber comprado a una menor de 14 años en la comunidad de Potrerillos Arriba, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.
La orden de captura fue girada por el Ministerio Público, debido a que se mantiene una investigación de oficio por los delitos de violación sexual y maltrato al menor, contra quien presuntamente compró a la niña de 14 años a sus padres por la suma de 1,000 dólares.
El Ministerio Público dio a conocer que se le ha solicitado al Órgano Judicial de David que se agende la fecha y hora para que este ciudadano sea presentado ante un juez de Garantías, para que se legalice aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de la medida cautelar correspondiente.
Se dio a conocer que, en el mes de febrero de este año, la menor logró escapar de la residencia del hombre de 43 años identificado con las iniciales O.M.A.
La menor se acercó a su tía y le manifestó que era abusada sexualmente y agredida por el capataz de una finca. Se conoció que en esta finca labora el padre de la menor.
Ante este hecho, los defensores de los derechos de los niños y niñas en la provincia de Chiriquí alzaron su voz ante la decisión de un juzgado de niñez y adolescencia de otorgarle nuevamente la custodia de la menor a sus padres. La menor tiene ahora 15 años.
La defensora de los derechos de los niños y niñas en Chiriquí, Lucy Córdoba, se mostró indignada ante el actuar de una juez en la ciudad de Panamá, que fue la que decidió devolverle la menor a su madre.
"Nos preguntamos cómo es posible que una jueza de niñez y adolescencia de la ciudad de Panamá, apellido Montenegro, le haya entregado la niña a su madre sin antes investigar, que la menor había denunciado haber sido vendida por sus progenitores", señaló Córdoba.
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"Los servidores judiciales no están por encima de la ley, ni de la Constitución, ni de los protocolos, ni tampoco de los convenios internacionales, tal como es el caso de la convención de los derechos del niño. Queremos hacer un llamado para que se respeten y salvaguarden los intereses de los niños", agregó.
Expresó que los funcionarios del Ministerio Público están llamados a investigar, pero "la ciudadanía pide a gritos que estos pederastas, pedófilos, violadores de niños estén en las cárceles".
"Si dejamos a estas personas seis meses afuera, mientras se adelantan las investigaciones, se les da la oportunidad para que amenacen y coaccionen a sus víctimas”, comentó.
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