Directivos de la Coordinadora Provincial de Bocas del Toro no descartan nuevas manifestaciones de protesta para exigir el fiel cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado mes de septiembre, por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y han acordado extender una invitación a la mandataria para que se reúna con los miembros del grupo este domingo.
Diógenes Anderson, coordinador general del movimiento, advirtió que de no darse respuestas se adoptarán medidas de protestas similares a las que se registraron en septiembre cuando los principales grupos de la provincia se unieron para exigir mejoras de índole social.
Anderson afirmó que es extraño que pese a las notas enviadas a la presidenta, no se ha recibido respuesta y asumió que esta situación pudiera originarse de funcionarios de mandos medio que no hacen llegar la información a la jefa del Estado.
Según el vocero de la Coordinadora existe la disposición de que se programe una nueva fecha para la reunión, si la presidenta no puede asistir a la cita del domingo en la provincia de Bocas del Toro, y agregó que durante el encuentro se pedirá la renuncia de algunos funcionarios, plenamente identificados, que están entorpeciendo la labor presidencial
Enfatizó que únicamente se ha cumplido uno de los puntos del acuerdo pactado, refiriéndose al aumento de la seguridad de los ciudadanos, con el reforzamiento de unidades de la Policía Nacional y afirmó que el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Pedro Gordón, ha demostrado verdadero interés en resolver lo planteado por la organización.
ANTECEDENTES DE LA LUCHA
A principio de la gestión del actual gobierno un grupo de residentes de la Isla Colón, integrado en su mayoría por mujeres, formaron la Coordinadora Pro Rescate Institucional, pues se conoció que varias direcciones regionales pasarían a ser un apéndice de las direcciones de la provincia de Chiriquí entre ellas ANAM, MOP, Aduanas y otros.
En el mes de agosto los padres de familia de toda la provincia hicieron un llamado para que los agremiados no enviaran sus hijos a clases porque la Ley 28, por medio de la cual se crearon las Juntas Educativas Regionales, había sido derogada por el acuerdo 302 que las eliminaba, lo que según los manifestantes representaba que los profesionales de la provincia quedaran en desventaja al momento de aspirar a una posición dentro del sector Educación.
Durante los cabildos se decidió formar una coordinadora provincial, que posteriormente redactó sendos documentos en donde se plasmaron las más apremiantes necesidades de la provincia, entre ellas la devolución de la Junta Regional Educativa, la construcción del muro de contención en Guabito, la construcción de una planta potabilizadora de agua, mejoramiento y abaratamiento del servicio de energía eléctrica, la devolución de las direcciones regionales institucionales, y la construcción de carreteras y caminos de penetración.
El domingo 17, luego de los enfrentamiento, llegó a la provincia la presidenta Moscoso, quien luego de varias horas de conversaciones logró un acuerdo con los voceros y dirigentes de la comunidad.
