La empresa cañera Campos de Pesé anunció la suspensión indefinida de las operaciones de producción y comercialización del etanol en Panamá y, en consecuencia, el despido de los trabajadores que aún se mantenían en la empresa.
A través de un comunicado, la empresa señaló que el precio fijado por el Gobierno para el biocombustible no cubre ni siquiera el costo de adquisición de la caña y el azúcar, lo que impide a la empresa seguir operando.
Rafael González, presidente de la Junta Directiva de Campos de Pesé, indicó que la dirección de la empresa se abocará en los próximos días a realizar las cesantías correspondientes a los empleados, las cuales aseguró se realizarán respetando los beneficios y prestaciones de ley.
González señaló que Campos de Pesé invirtió hace tres años unos 100 millones de dólares en la ampliación de sus operaciones y en la adquisición de una destilería, atraídos por el interés del Gobierno de producir biocombustible.
Sin embargo, añadió que de forma sorpresiva, el 19 de agosto de 2014, el Gabinete decidió reducir el precio del etanol en casi un 40%, alterando las reglas del juego y violentando la seguridad jurídica.
Según el directivo, se le prometió tanto a la empresa como a sus trabajadores que se tomaría una decisión que salvaguardara este proyecto y los beneficios sociales y ambientales que implica, promesas que —a su juicio— no fueron cumplidas.
“Todos nuestros recursos siguen pendientes de resolución y no hemos logrado que se levante la prohibición para producir vinaza en las fincas colindantes con el río La Villa”, dijo.
Para los trabajadores, la situación es difícil, ya que son alrededor de 2,000 personas las que se beneficiaban de forma directa de la producción de etanol.
“Nos sentimos tristes de ver cómo han llevado a la empresa a estos niveles, siendo generadora de tantas plazas de empleo”, señaló Luis Vaca, uno de sus colaboradores.
Vaca recalcó que la empresa ha sido una de las mayores inversiones agropecuarias en muchos años en Pesé, por lo que su cierre constituye un daño enorme a la región y al país.
“No es más que un golpe a la seguridad jurídica y a la inversión extranjera que trajo muchos beneficios”, aseguró el trabajador.
