Recientemente los cebolleros se habían declarado en pie de guerra una vez el director del IMA, Gonzalo Camberfort, anunciara que la planta procesadora y de secado se instalaría en el IMA de Penonomé en una de las galeras ubicadas en Llano Marín.
En ese sentido, Abat Barrios, presidente de la Asociación de Cebolleros de Natá, dijo que los productores no estaban de acuerdo con que la planta estuviera ubicada en Penonomé, porque los cultivos estaban en Natá y el Caño.
Los productores habían planteado la posibilidad de ubicar la planta en el sector de Churubé, un área más accesible.
La Asociación de Cebolleros de Azuero se ha unido para también utilizar las instalaciones de la planta procesadora, en los meses que no necesiten del sitio.
"Con mi buena fe demostré que tenía tanto interés como legitimación de los bienes asegurados", dijo Kamal. En tanto, la Corte señala en su fallo que las anteriores sentencias incurrían en la violación directa de la ley al confundir el bien amparado con el asegurado; es decir, que atribuían la calidad del asegurado al almacén y no reconocían a la persona que suscribió el contrato.
Relata que después de la angustia que estaba viviendo junto a su esposa panameña, decidió llegar a la ciudad de David para iniciar una nueva vida.
En un cuarto de alquiler detrás del mercado público comenzó nuevamente la carrera por mantenerse en el ambiente comercial.
Gelbut Flores Calamari, asesor legal del departamento de Indemnizaciones de la Compañía de Seguros Assicurazioni Generali, explicó que en realidad no han transcurrido 14 años en el proceso legal que mantienen, el hecho tuvo como génesis en que la compañía había cancelado la póliza de seguro por parte del corredor quienes no estaba interesado en continuar con la póliza.
La compañía procedió a devolver las primas pagada por adelantado, pero el corredor en su momento no devolvió las primas a tiempo a Abou Dakka.
Cuando ocurrió el siniestro les informaron lo ocurrido, pero el cliente aparecía con la cancelación de la póliza de seguros, con lo cual no estaba cubierta.
"Ellos evidentemente procedieron una demanda legal por incumplimiento de contrato, pero en primeras instancias ganamos el caso, con posterioridad la justicia hace su labor y no la cuestiono, porque uno tiene que someterse y los fallos de las instancias superiores fueron en contra", dijo.
Ahora al ser condenados, no hay elemento fehaciente de cuánto tiene que pagarse, porque la condena fue en abstracto. Ante esta situación baja el expediente para la liquidación, pero la pretensión del cliente en sus inicios estaba por B/.1.5 millones.
Lisandro Cordón Fozzatti, abogado de Kamal, asegura que le corresponde a su cliente recibir una liquidación secretarial no menor de B/.20,000 y la indemnización de B/.221,619 de acuerdo a lo establecido por el Juzgado V del Circuito Civil de la provincia de Chiriquí, que se basó en el informe rendido por la compañía demandada desatendiendo dos peritajes entre ellos el del propio Juzgado V. Ambos sugirieron una cantidad superior al millón de dólares.
