Eric Jiménez, director nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), dijo que los terrenos de Burunga que actualmente se mantienen en disputa están adjudicados legalmente a las familias que integran el Asentamiento Unión Campesina de Cerro Castilla, con lo cual los precaristas deberán desocupar las áreas invadidas.
El funcionario advirtió que el derecho de obligaciones para el usufructo de esas tierras está vigente, ya que el asentamiento cuenta con personería jurídica debidamente inscrita en la Dirección de Desarrollo Rural de esta entidad.
Según Jiménez, el asentamiento tiene el derecho sobre la tenencia de las tierras, en ese caso la Reforma Agraria está obligada a proteger estas organizaciones campesinas, independientemente de cuántas familias las componen.
Sostuvo que esa entidad es competente en certificar si las familias asentadas están actualmente vigentes como organización campesina.
