Contraloría analizará proceso de venta de tierras de asentados

P. Oeste. El director Nacional de Reforma Agraria, Eric Jiménez, adelantó que la Dirección de Auditoria Especial de la Contraloría General de la República ha ordenado una investigación en base al proceso de venta de 120 hectáreas de terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga para cancelar la deuda que mantenía con una entidad bancaria. Precisó que la medida fue ordenada para aclarar cualquier duda sobre supuestas irregularidades en la venta de los terrenos.
No obstante, el funcionario desestimó que pudiera haberse registrado alguna irregularidad en el procedimiento de venta de las tierras, ya que en 1996 el ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Sousa Lenox emitió un decreto que reglamentaba esta materia, sin embargo, no descartó que se pueda haber dado en el costo.
Argumentó que esa dirección de la Contraloría es responsable de revisar todos los actos irregulares cometidos por funcionarios y de comprobarse la comisión del delito, el caso es enviado a otras instancias penales.
Adelantó que la Fiscalía 1 y 2 Anticorrupción investiga todo lo relacionado a la venta de esas tierras, "pero lo cierto es que no se puede acusar públicamente a la Reforma Agraria de estar avalando actos irregulares como se ha informado" expresó.
Recordó que la venta de las 120 hectáreas de terrenos del asentamiento Unión campesina de Burunga, se realizó en 1998 bajo la administración del ministro Lenox y el director nacional de Reforma Agraria, Placido Lombardo.
Señaló que la empresa privada, por el derecho a la titulación de las 120 hectáreas, pagó a la Reforma Agraria B/.700 por hectárea y junto al Banco de Desarrollo Agropecuario cancelaron una deuda en capital más intereses por el orden de B/. 80 mil.
Informó que actualmente hay una comisión que busca una solución habitacional a los precaristas desalojados de Cerro Castillo. En tanto, el dirigente de los precaristas, Carlos Castillo, reveló que no lograron ningún acuerdo satisfactorio durante los tres días de negociaciones que se llevaron a cabo en la Presidencia de la República para tratar el tema sobre la posible adjudicación de terrenos en el asentamiento Unión Campesina de Burunga a 200 familias.
Sostuvo que las negociaciones estuvieron presididas por el asesor presidencial Alvaro Antadillas, y detalló que no se logró ningún acuerdo debido a la prepotencia del alcalde Jaime Barroso.
Mencionó que en principio los asentados habían accedido a ceder 12 hectáreas de terreno, pero luego ofrecieron sólo siete en Palo Diferente, comunidad apartada del lugar en conflicto. Reiteró que existen más de 100 familias en el área y según un listado, son 1,200 personas.