El ex corregidor de Arraiján cabecera, Raúl Vinda, negó que haya sido detenido por la supuesta amenaza con arma de fuego y agresión física contra la corregidora nocturna, Ilka Fuentes y advirtió que interpondrá una demanda de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y calumnia e injuria en contra del alcalde, Cristóbal Cañizales.
Vinda, explicó que todo se debió a una "patraña" que el alcalde Cañizales intentó montar para desprestigiarlo, ordenando su captura, utilizando un expediente sobre un inconveniente anterior ocurrido con la corregidora nocturna, que no ameritaba una sanción de conducción.
Explicó que en el momento en que se dio el incidente portaba un arma de su propiedad debidamente registrada en la Policía Técnica Judicial, que en medio de un forcejeó casi se le cae de la cintura, pero que en ningún momento la utilizó.
Dijo que el miércoles cuando se enteró que existía una orden de captura en su contra, a través de su abogado, David Cuevas, se interpuso un Habeas Corpus, al cual el propio alcalde Cañizales, respondió que no había sido él, sino la corregidora Fuentes quien ordenó su detención.
Sin embargo, en conversaciones con la corregidora Ilka Fuentes, esta negó que la orden de captura fuera ordenada por su persona, ya que había sido el alcalde quien a través de una reunión el día martes le notificó de la medida.
Señaló además, que el jueves en la noche el alcalde Cristóbal Cañizales, mandó a retirar la orden de captura de la Policía Nacional, pero ya antes el abogado de Vinda había conseguido una copia de la boleta firmada por la primera autoridad del distrito.
Agregó que con esta prueba, se dará curso a una demanda de abuso de autoridad y extralimitación de funciones y por calumnia e injuria, por desconocer del arma que el alcalde Cañizales menciona como una de las tres armas de fuego que se perdieron en el departamento de asesoría legal del Municipio de Arraiján.
En torno a esta situación, el señor Raúl Vinda, hizo un llamado al Ministerio Público, sobre la actuación de miembros de la PTJ de Vacamonte, que según dijo se prestaron para la patraña montada por Cañizales, al montar un operativo en su contra, sin tener ninguna competencia en este tipo de actos.
Agregó que con esta prueba se dará curso a la demanda de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y calumnia e injuria, por desconocer del arma que Cañizales menciona como parte de otras tres que se perdieron en le departamento de asesoría legal.
