Colón. La Asociación Panameña de Videos (APV) que aglutina a unas 52 tiendas de alquileres de películas denunció que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Décima especializada en delitos contra el derecho de autor ha iniciado una persecución sistemática para obligarlos supuestamente a comprar formatos DVD y VHS a un grupo de empresas favoreciendo un monopolio.
Rogelio Ramos, directivo de APV y otros propietarios de vídeo club de las provincias de Coclé, Chiriquí y provincias centrales se reunieron en Colón para denunciar la práctica que lleva a cabo la oficina de instrucción de perseguir, según ellos, a quienes se dedican a la actividad de renta de videos y no compran a las casas distribuidoras de su preferencia.
"Esto no preocupa porque más que fiscalizar, la Fiscalía Décima se ha convertido en una empresa publicitaria a varias empresas que representan competencia a otras", manifestó.
