La pasada administración de Burunga, a cargo del ex representante Adolfo Amaya, vendió los terrenos ahora invadidos del Pantanal localizado en este recién creado corregimiento, sin tomar en cuenta los planos originales que delimitaban parte de los terrenos para el campo deportivo, dijo el edil de Arraiján cabecera, Fausto Araúz. "En los planos originales de la escritura se contemplaban cinco hectáreas de uso público y el resto para el campo deportivo", manifestó Araúz.
Sostuvo que cuando era un ciudadano común residente de Burunga, trató de medir el área en conflicto y Araúz por poco ordena que lo metieran preso. Según el edil, la gente que ha invadido los terrenos son en su mayoría jóvenes deportistas del Pantanal que tienen todo el derecho de luchar por el bien inmueble porque el polígono en conflicto fue vendido a sus espaldas, sin contemplar que estaban destinados para el área deportiva.
"Ahora resulta que los invasores se enteran que todas estas personas tienen título de propiedad, a mi juicio, una venta ilegal que los impulsó a apoderarse de las tierras", recordó el político.
Indicó que eran cinco hectáreas de terrenos, no 5,000 metros la única parcela libre, el resto fue vendido ilegalmente por la administración de la pasada junta comunal, sin embargo, detrás de este negociado alguien hizo mucho dinero con la venta.
Manifestó el edil que aunque los beneficiados obtuvieron su título de propiedad, lo extraño es que en los archivos de la junta comunal no reposen expedientes legales de la transacción.
"Legalmente los beneficiados con la venta tienen su título de propiedad, por ende con derecho están luchando para obtener la tierra, sin embargo, el pueblo tiene razón de que los terrenos están delimitados en los planos como área deportiva", resaltó el edil.
Indicó que estudia la posibilidad de interponer una demanda de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, para anular todo los títulos de propiedad a las personas que obtuvieron los derechos de los terrenos en la administración anterior.
"La intención de interponer el recurso legal ante la sala tercera de la Corte es con la intención de anular los títulos de propiedad a estas personas que se les beneficio, pero actualmente no viven allí" reiteró la fuente.
