Mientras los niños de la barrida Don Bosco juegan inocentemente por las calles del populoso sector de la ciudad de Santiago, sus padres con una mezcla de confusión y temor, le piden a la presidenta Mireya Moscoso que les devuelva la tranquilidad que perdieron al enterarse que debían abandonar el lugar donde han vivido desde hace más de 30 años.
Según datos suministrados por Luis Alvarez, presidente del Comité de Tierras de Don Bosco y uno de los más antiguos pobladores de esta barriada, el problema tiene varios protagonistas; por un lado toda la comunidad y por el otro, las hermanas Inés y María Amador.
A través de casi cuatro décadas, ambas partes han escenificado una serie de batallas legales por la propiedad de las tierras, que ambos reclaman como legítimos dueños.
Las hermanas Amador reclaman la propiedad como patrimonio familiar, mientras que los lugareños interpusieron, desde hace años, un juicio por prescripción adquisitiva bajo dominio, para que se les legalizara su condición de ocupar estos terrenos durante un largo período de tiempo.
Inicialmente fue la firma de abogados Asociación Chang, la que estuvo representando los intereses de la familia Amador, pero esa lucha duró poco tiempo.
Por su parte, la comunidad fue creciendo y mejorando sus modus vivendi con el apoyo de asociaciones gubernamentales como el llamado Instituto de Vivienda y Urbanística (IVU).
Más tarde, en nuevos intentos de las hermanas Amador por expulsarlos de las tierras, contratan al abogado Justiniano Cárdenas, quien acoge el caso y arma su estrategia para desalojar a quienes habitan en lo que hoy día es barrida Don Bosco sector 2. En 1991 el problema alcanza niveles alarmantes, cuando una vez más la familia Amador, representada por el abogado Cárdenas, inicia una lucha ante los tribunales para lograr la posesión de los terrenos.
Según el presidente del comité de los residentes, el resultado de las acciones legales no fue favorable a la familia y ésta cede el terreno al abogado Cárdenas como pago a sus servicios profesionales.
Trascurridos ocho años, el 26 de septiembre del presente año, Cárdenas les presenta a los moradores del lugar una orden de lanzamiento, con lo cual comienza una carrera contra el tiempo para tratar de solucionar de una vez por todas el asunto.
Es luego de esta notificación que se dan una serie de movilizaciones, tales como marchas, protestas a las orillas de los desfiles, y otras acciones encaminadas a llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales, para que comprendan que la situación no puede esperar más, por estar en juego el destino de muchas personas.
Las protestas tienen sus frutos logrando la atención de las más altas autoridades de la región, como el gobernador Mario Forero; el alcalde de Santiago, Plinio Donoso; el representante, Gonzalo Adames, representantes del clero, y el legislador del circuito 9-1 Ruben De León, quienes recientemente se reunieron con los afectados para buscar las fórmulas que permitan una salida al problema.
Según Maximina Cisneros, una de las residentes, la salida sería que el gobierno le expropie al abogado y ceda o done las tierras a los moradores de la barriada, puesto que los procesos adquisitivos son muy largos y las personas no pueden más con las presiones a las cuales son sometidos, además se debe tomar en cuenta que son quienes les han dado el valor a los terrenos y han realizado las mejoras.
Por el momento existe también el compromiso de parte de las autoridades locales de elevar el problema a instancias nacionales que puedan solucionar el caso.
El gobernador Forero ha afirmado que habrá solución a la delicada situación, sin embargo no ha dado una fecha específica.
La solución deberá presentarse pronto porque la parte reclamante ha pedido a la telefónica Cables & Wireless, a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (EDEMET) y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) suspendan los servicios de teléfono, luz y agua, respectivamente.
Los residentes afirman que de producirse éstos cortes no les quedaría otra opción que la de salir a las calles para defender sus derechos como seres humanos. No obstante esperan que el gobierno nacional resuelva esta problemática.
Julio González, uno de los dirigentes de la comunidad, manifestó que el regalo más grande que la presidenta Moscoso puede darles para Navidad es devolverles la tranquilidad, legalizándolos como propietarios de las casas que han construido con tanto esfuerzo.
