En el abandono, la obras de la ciudad Judicial en la provincia de Panamá Oeste
- Eric Ariel Montenegro
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Actualmente las infraestructuras cuentan con una unidad a cargo de la vigilancia, lo cual no ha impedido que en el pasado, parte de los materiales de construcción fueran hurtados.
Los trabajos fueron cesados con un 55% de avance. Foto: Eric Montenegro
Siete años después de que fueran abandonados los trabajos de construcción de la Ciudad Judicial en el distrito de La Chorrera, las inclemencias del tiempo y el saqueo de los materiales dejados en el terreno han dejado su huella en el complejo de edificios.
La empresa Constructora Omega Engineering Inc., a cargo de la construcción de la unidad judicial regional del distrito de La Chorrera, cesó los trabajos con un 55% de avance.
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Los trabajos para la construcción de la ciudad judicial se iniciaron bajo la orden de proceder del Contrato N° 150-2012 el 15 de enero de 2013, bajo la presidencia del magistrado Alejandro Moncada.
A finales del mes de abril de este año, la Comisión de Infraestructura y Obras Públicas de la Asamblea Nacional (AN), realizó una inspección a los edificios para evaluar su condición.
La presidenta de esta comisión, Kayra Harding, indicó que la empresa Omega Engineering Inc ya había recibido el 50% del costo de la obra, el cual ascendía a 16.4 millones de dólares.
Según el personal técnico de esta comisión, un 40% de avance del proyecto aún es rescatable.
Ante el estado de abandono de la unidad judicial regional de La Chorrera, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que luego del abandono de los trabajos la firma Constructora Omega Engineering Inc inició un proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
En este arbitraje, el cual aún no ha concluido, el Estado panameño está representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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En busca de opciones la CSJ acordó un proyecto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la reforma procesal penal y la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el país.
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