Como indemnización, 270 empleados del privatizado Ferrocarril de Panamá exigirán al gobierno la suma de B/. 9.6 millones, con lo cual la presidenta de la República, Mireya Moscoso y su equipo de trabajo iniciarán las evaluaciones del caso.
Denunciaron, además, que el Ferrocarril de Panamá ha sido la única institución que al privatizarla se indemnizó a los trabajadores de una manera incorrecta.
Los empleados advirtieron que durante la gestión de privatización, durante el mes de junio de 1998, el gobierno en ese entonces, a través del Consejo Económico Nacional (CENA), utilizó unos parámetros de indemnización que no están contemplados en la Ley 15 del 17 de febrero de 1998.
Precisan que el acuerdo fue firmado por el entonces director de la Autoridad Portuaria Nacional; el director del Ferrocarril, Carlos Emilio Espino, y Eduardo Morales, en representación de los trabajadores.
El contrato indica que con su aprobación mediante la ley, el Estado a través de la Autoridad Portuaria quedará obligado a pagar a los trabajadores la indemnización.
Lo detallado en el documento incluye además otras deudas, que obligan en materia de indemnización, reconocer a los exempleados 2.2 meses de salario por cada año trabajado.
Sin embargo, los quejosos aducen que durante el acuerdo, el CENA, unilateralmente, utilizó otros criterios.
Agregan que los trabajadores que han quedado cesantes, llevan un año y cuatro meses de lucha, sin que hasta el momento se les haya dado respuesta.
Muchos hogares, añaden, se han destruido por la situación económica en que viven; otros, que no han conseguido trabajo, se han enfermado y muerto.
Cabe destacar que el 17 de febrero de 1998, fecha en que se privatizó el Ferrocarril, salió al siguiente día la publicación en la Gaceta Oficial, refrendada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.
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