El gobernador de la provincia de Chiriquí, José Alberto Pretelt, denunció que en cuanto las dificultades que confrontan los municipios limítrofes entre Panamá y Costa Rica, el gobierno tico no ha cumplido con lo dispuesto en el convenio binacional.
Pretelt declaró tales aseveraciones en medio de una reunión sostenida recientemente con la Asociación de Pequeños Comerciantes de Paso Canoa, cuyo fin fue el de analizar el problema que en la actualidad confrontan con los propietarios de los grandes almacenes y que guarda relación con los locales que están frente a estos comercios.
Sin embargo, trascendió que al final de la discusión los involucrados no lograron concluir ningún asunto.
El encuentro se da luego una acción judicial interpuesta ante el Juzgado de David, contra la orden emitida por la Alcaldía de Barú, los manifestantes se reunieron con la máxima autoridad provincial para ponerlo al tanto de la situación y a su vez solicitarle que intervenga en la búsqueda de la solución a este conflicto.
Según los pequeños comerciantes, la medida implementada por el despacho gubernamental favorece a los empresarios al ordenar la demolición de sus locales y otorgar la servidumbre que exigen los dueños de cuatro almacenes del cordón fronterizo, lo que a juicio de ellos constituye una medida inconstitucional.
En la reunión también participó el director del Ministerio de Salud en Puerto Armuelles, José Araúz, porque en la misma reunión también se trató el problema de las aguas negras que desde hace tiempo predomina en la ciudad de Puerto Armuelles y que cada día representa un peligro latente para los miles de habitantes de esa región.
LA ACCION JUDICIAL
Ante esta situación, la Asociación de pequeños comerciantes de Paso Canoa Internacional, interpusieron ante el Juzgado de David, una acción judicial contra la orden emitida por la Alcaldía de Barú que favorece a los propietarios de los grandes almacenes en la frontera tico panameña.
El presidente del gremio, Orlando Ricardo Castillo, manifestó que este decreto es inconsulto, toda vez que se efectuaron conversaciones informales las cuales no llegaron a ningún acuerdo, por lo que no aceptan la resolución emanada de la alcaldía baruense.
De acuerdo a los denunciantes, Freddy Cano, alcalde encargado del Municipio de Barú, actuó "precipitada, irregular e injustamente", al exigir la demolición de los locales de los pequeños comerciantes y otorgarles las servidumbres que piden los dueños de cuatro almacenes del cordón fronterizo.
Señalan además, que es inconstitucional otorgar títulos de propiedad en esta zona fronteriza, por lo que piden a las autoridades competentes investiguen estas anomalías.
Por su parte, el alcalde de Barú Fredy Cano, aseguró que agotó todos los recursos existentes del diálogo, al tiempo que dijo estar conforme con los resultados obtenidos en las conversaciones con ambas partes.
Como ente encargado de la paz y tranquilidad ciudadana, Cano afirmó ser partícipe de que el derecho debe otorgarse a quien le asiste y en este caso, lo exigido por los comerciantes a su criterio es justo.
Indicó que como alcalde del Barú, nunca y jamás intentará despojar de los recursos a los pequeños comerciantes, porque está consciente que representa el sustento diario de sus hogares, advirtiendo que para él, ricos y pobres tienen los mismos privilegios.
Mediante decreto ley se ordenó el trabajo de correr los chinamos para abrir dicha servidumbre y no perjudicar a ninguno de los pequeños empresarios, ya que seguirán en la misma posición, expresó Cano.
Contrario a lo expuesto por los chinameros, quienes aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para lograr un acuerdo satisfactorio el alcalde se mostró sorprendido con la actitud asumida por ellos, al considerar que las pasadas reuniones se desarrollaron de una manera cónsona ya que siempre prevaleció el diálogo de altura.
