Imputan cargos a implicados en tráfico de aleta de tiburón

A solicitud de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía Superior de Ambiente, un juez de Garantías imputó cargos por la comisión del Delito Contra la Vida Silvestre, Comercialización y Tráfico de Especies Protegidas y Delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Delincuencia Organizada a los panameños Dagoberto Valdelamar y Rene Payán.

Los mismos cargos fueron imputados a Juan Emilio Serna, de nacionalidad nicaragüense, y a Paola Andrea Madrid, de origen colombiano, y la ciudadana china Michelle Lou.

Las cinco personas fueron aprehendidas durante la realización de la Operación "Shark", realizada en las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Panamá, y en la cual se recuperaron 135 mil aletas de tiburón.

En primera instancia, el juez de Garantías, Manuel Sánchez, legalizó las intervenciones telefónicas a los teléfonos móviles de las cinco imputados, además de los nueve informes de seguimiento realizados por las unidades policiales desde enero del 2023. Ello a solicitud del fiscal primero Contra la Delincuencia Organizada, Efraín Gálvez, quien además detalló la forma como operaba este grupo organizado.

Según el fiscal Gálvez, las aletas de tiburón eran adquiridas en un puesto de venta ubicado dentro del Mercado del Marisco ubicado en San Felipe, en la ciudad capital y en Farallón, provincia de Coclé, los cuales pertenecían a Dagoberto Valdelamar y Rene Payán respectivamente.

La compra, agrega el Fiscal, era realizada por la colombiana, Paola Andrea Madrid, mientras que Michelle Lou, se encargaba de realizar los pagos por las aletas de tiburón.

Posteriormente, las aletas eran trasladadas a una finca localizada en La Pita, distrito de Capira, en donde se realizaba el proceso de secado en hornos a gas y el almacenamiento.

Durante las diligencias de allanamiento realizadas en las casas de los imputados, añadió el fiscal Gálvez, se ubicaron libretas de factura por la compra de entre 150 a 500 libras de aletas de tiburón.

Los registros bancarios obtenidos por las fiscalías también evidencia pagos a través de la plataforma de yappy y por el alquiler de la finca ubicada en el distrito de Capira, desde el año 2021.

Los abogados de la defensa insistieron ante el Juez de Garantías en el hecho de que ambas fiscalías no lograron acreditar la comisión del delito de aleteo de tiburón de forma directa, tal como se detalla en la Ley.

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