La situación en Divalá continúa tensa, pese a las propuestas presentadas por la comisión especial del gobierno. Se conoció que unos ocho empresarios de este sector alertaron la posibilidad que de no obtener B/.500 mil en ganancias de la producción, en menos de dos meses, en lugar de 700 trabajadores cesantes, registrados en la actualidad, la cifra aumentaría a 13 fincas cerradas y cerca de tres mil trabajadores desempleados.
En cuanto a las propuestas, existe interés que estén encaminadas a la salud, control de atención médica, aspectos fitosanitarios sobre la sigatoka y su propagación, prestaciones laborales de los trabajadores, situación financiera de las empresas y el mercadeo de la fruta, entre otros.
Según el presidente de la comisión especial, Carlos Smith, para discutir el tema, ayer finalizaron las conversaciones con los miembros de la junta técnica y se prosiguió a una reunión con los trabajadores en las fincas de Divalá para conocer sus problemas laborales, de financiamiento, productividad y mercadeo.
Sostuvo que para hoy se espera conversar con la presidenta de la República, Mireya Moscoso, sobre algunas de las alternativas que se pueden brindar y sobre la posición del Organo Ejecutivo frente a este tema. El legislador señaló que es un tema que escapa de las manos de los productores, de los trabajadores y de la Caja de Seguro Social (CSS).
"Si no se le da una respuesta efectiva, de todos modos habrá que atender el problema social y es algo tan caro que se enfrentaría sin ningún tipo de posibilidad", expresó Smith. La reunión con los productores busca conocer cuántas empresas, en un momento dado, pueden ser recuperables y cuántas no podrán ser financiadas.
Por su parte, uno de los miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, Olmedo Carreño, manifestó que el problema de las fincas bananeras de Divalá día a día se viene agudizando, al punto que cinco fincas no están operando y se tienen otras que están laborando precariamente y en el menor descuido van a pasar a formar parte de la lista de las fincas quebradas o inactivas.
Sostuvo que el problema es complejo, ya que algunas fincas no pueden ser reactivadas por la alta morosidad, lo que no les permite ser sujeto de crédito, no obstante, hay otras que están en condiciones más propicias que con una inyección económica del gobierno o un préstamo blando a través de la Ley 25, pueden reactivarse y seguir adelante. Para la próxima semana se espera rendir un informe final para presentarlo formalmente.
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