Las autoridades municipales de La Chorrera ya han advertido a la Dirección General del Sistema Penitenciario del riesgo de mantener estas estructuras.
Actualmente se está en el proceso de contratación de una empresa especializada para el desarme y posterior descarte de los módulos. Foto. Eric Montenegro
El Ministerio de Seguridad admite que las estructuras no son aptas para ser reutilizadas. Eric A. Montenegro
En abril del 2019 el Sistema Penitenciario decidió cerrar la cárcel existente en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste y distribuir a los privados de libertad hacia el centro penitenciario de La Nueva Joya en la provincia de Panamá.
La decisión se tomó con base en un informe conjunto del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes advirtieron del estado de inseguridad de las estructuras sobre la cual se montaron los módulos.
Unas 80 celdas modulares servirían de cárcel mientras el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia y el Sistema Penitenciario ubicaban en esta provincia, terrenos para edificar un centro penitenciario, lo cual no fue posible.
Tras el traslado de los privados de libertad, la Dirección General del Sistema Penitenciario dejó abandonados los 80 módulos instalados en el 2012 a un costo de $4 millones 555 mil, para desalojar las insalubres e infrahumanas celdas que eran utilizadas.
Las autoridades municipales de La Chorrera ya han advertido a la Dirección General del Sistema Penitenciario del riesgo de mantener estas estructuras.
Al respecto, esta dependencia del Ministerio de Seguridad respondió que actualmente se está en el proceso de contratación de una empresa especializada para el desarme y posterior descarte de los módulos.
La entidad admite que las estructuras no guardan las condiciones para ser reutilizadas, tal como lo plasman los informes del Cuerpo de Bomberos y del Sinaproc.
Por parte de la Policía Nacional (PN), se confirmó que estos módulos se mantienen abandonados y sin ningún tipo de mantenimiento.
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Bajo reserva de su nombre, uno de los familiares de los privados de libertad recluidos en la Nueva Joya, asegura que cada vez es más costoso viajar a este centro penal para las visitas sumado al tiempo que deben esperar por el proceso de revisión.
La promesa hecha por el Gobierno en el 2019, de construir una cárcel en esta provincia quedó en el olvido, indicó.
Por otro lado, en el 2019 el Municipio de La Chorrera a través de la Dirección de Ingeniería Municipal reclamó al Ministerio de Seguridad, la devolución del terreno sobre el cual se instalaron los módulos carcelarios y los edificios de la vieja cárcel.
Estos terrenos al igual que el sitio en donde está la sede de la Policía Nacional, forman parte de la finca municipal 6028.
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Con el reclamo de la devolución del predio, las autoridades municipales intentan recuperar el trazado original de un tramo de la Ave. Ricardo J. Alfaro, el cual fue modificado en la década de 1970 con la construcción de la cárcel.
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