El asesor legal del Municipio de La Chorrera, Eduardo Sinclair, aseguró que los funcionarios que fueron sobreseídos definitivamente en el caso sobre la venta de 7.2 hectáreas de terreno y que esperan por el pago de salarios caídos "que se bajen de esa nube", porque no tienen derecho a los emolumentos.
Explicó que la medida adoptada por el Concejo en el que a través de una resolución se suspendieron a varios funcionarios, se hizo cumpliendo con una orden judicial ya que si no lo hacían serían objeto de sanciones penales.
Sinclair llamó la atención de los ediles chorreranos en cuanto a que esta situación no se puede tratar con "sentimentalismo", sino desde el punto de vista jurídico.
Según Sinclair en el caso de la jefa de catastro, Coralia de Iturralde, "apenas el juzgado mande una nota ordenando su reintegro, el alcalde debe reintegrarla sin derecho a salario caído, lo mismo dijo, ocurre con José Alvarez, para cuyo efecto el Concejo tendrá que emitir una resolución restituyéndolo en el puesto, pero sin derecho a cobrar los emolumentos que dejó de percibir en este período.
Sin embargo, esta situación no se aplica al exalcalde Elías Castillo, quien tras la denuncia presentada en su contra por supuesta violación carnal, presentó renuncia al cargo.
Respecto a la situación del secretario general, Carlos García, advirtió que allí si cabría un "pugilato", porque fue decisión de esa cámara edilicia eliminar dicha posición.
Empero se mostró confiado diciendo a los ediles que "yo confío en Dios y ustedes confíen en mí".
En tanto el presidente del Concejo, Arnulfo Montero dijo que el cargo de secretario general ellos (los ediles) lo crearon, por lo que también podían suprimirlo, aunque si recibirán una notificación del juzgado sobre el reintegro de los funcionarios sobreseídos, tomarían las medidas pero actuarían de acuerdo a la ley.
