P. Oeste. Una nota envió el director general de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Víctor Mizrachi, al alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, donde negaba hacer efectivo el cambio de zonificación de una área de uso público a una residencial.
La respuesta se dio luego que el municipio de Arraiján otorgara de forma ilegal la certificación de un derecho posesorio de más de tres mil metros cuadrados del área de uso público, a familias que actualmente ocupan las tierras, sin realizar el respectivo trámite de cambio de zonificación.
"De acuerdo al decreto ejecutivo N°36 del 31 de agosto de 1998, en su artículo 40 establece que se cederá en toda urbanización de, forma gratuita al Estado, los terrenos para uso público, exclusivamente para áreas verdes o jardines o zona deportiva de recreo y de esparcimiento", argumentó.
Dijo que todas las áreas de uso público de parques y recreo que se establezcan en las urbanizaciones deberán ser respetadas y en ningún caso el Estado o entidad gubernamental, podrá utilizarla para otros fines. Indicó que en ese sentido y como consecuencia de la citada reglamentación, no podrá ser factible la tramitación de cambio de zonificación solicitada, salvo que el área de uso público actual sea compensada en otro sector de esta lotificación en condiciones de igual o mayor superficie.
Por su parte, la abogada consultora del Consejo Municipal, Claudia Bárcenas, confirmó que el municipio ejecutó actos tendientes a vender los terrenos de uso público en conflicto como si fuera una finca municipal y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Catastro, negó la inscripción del plano.
Manifestó que han ocurrido unas cuatro ventas ilegales, sin embargo, el municipio cometió un error en haber certificado un derecho posesorio en esa área delimitada para uso público. Dijo que cinco familias ocupan los terrenos ilegalmente, quienes han comprado a una persona, pese a no ser el propietario, y a la vez éstos han vendido a terceras personas.
