Si bien la Asamblea Nacional decidió, el pasado 4 de marzo, detener hasta 2016 la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el país, es un hecho que un 20% de la población panameña ya está sujeta a esta modalidad, que busca darle mayor agilidad a la administración de justicia.
Las primeras provincias que saltaron del modelo inquisitivo al acusatorio fueron Coclé y Veraguas, en 2011; y en 2012 se les unieron Herrera y Los Santos.
La transición en Azuero, que inició hace 7 meses, ha sido un proceso de adaptación para todos los involucrados en el sistema: abogados, fiscales, jueces y víctimas de delitos.
Desde su implementación se han registrado mil 730 denuncias en Herrera y Los Santos, de las cuales egresaron 832 causas. De estas, 198 lograron su salida a través de métodos alternos de resolución de conflicto.
Mediación
La magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones para el Cuarto Distrito Judicial, Flor González, explicó a Panamá América que el nuevo sistema penal tiene entre sus principales ventajas que es garantista e imparcial, ya que promueve el respeto a los derechos del ciudadano en general, ya sea víctima o procesado.
González explicó que la modernización del sistema penal incluye que algunas causas puedan ser resueltas por otros mecanismos como el desistimiento, la conciliación, la mediación, acuerdos entre las partes y la suspensión del proceso sujeto a condiciones, que se están dando con mucho éxito en la región de Azuero.
Según explicó González, este es un rasgo novedoso, que busca que solo el 40% de los casos llegue a un juicio oral, y que los demás se resuelvan en el camino.
Para Norman Tristán, fiscal superior de Herrera y Los Santos, la efectividad del sistema se puede medir sobre la base de estos resultados.
El fiscal agregó que si todos los casos o procesos llegan a juicio, significa que el SPA no está funcionando; pero que si se aplican los criterios de métodos alternos y se llega a solucionar los conflictos a través de ellos, entonces funciona.
Hasta ahora en Azuero se han registrado 33 acuerdos de pena, 28 procedimientos simplificados, 12 procedimientos inmediatos y un caso de juicio oral.
Resultados
La magistrada González explicó que otra ventaja es la transparencia, ya que las audiencias y los fallos de los jueces son de conocimiento público.
De igual forma, se elimina la mora judicial, evitando que existan en las cárceles personas detenidas sin haber sido condenadas.
Sin embargo, el SPA tiene sus detractores. Julio Yu, abogado litigante en Chitré, opina que no ha arrojado los resultados esperados, sobre todo por la falta de recursos y herramientas, y porque los nuevos procesos no se divulgan a la población.
Yu indicó que existe la creencia de que este sistema crea impunidad, debido a que los procesos de investigación son escasos, ya que Criminalística no cuenta con herramientas para hacer una investigación científica, objetiva y expedita.
Las víctimas
Carlos Núñez, un comerciante del área de Azuero, fue víctima de robo en su local. Los ladrones fueron detenidos dentro del mismo, pero sin evidencia.
Tras un breve proceso, los detenidos fueron absueltos de robo, aunque condenados por otro delito relacionado.
El comerciante asegura que en principio sintió frustración de ver a los malhechores irse a sus casas. Había oído hablar del nuevo sistema, más no conocía en detalle sus características y creía firmemente que alguien debía estar detenido por el robo a su local.
Luego de estudiar sobre el sistema, y de recibir orientación sobre su caso, Núñez comprendió que, en efecto, los imputados en este delito no eran culpables de robo. “Yo estaba molesto y lo único que quería era ver a alguien preso. Pero luego comprendí que no podía acusarlos de robo porque no hubo tal acción”, señaló.
Una de las desventajas que tuvo el sistema en los primeros tres meses de ejecución fue la falta de cooperación de la víctima, por el temor de ser agredida.
Según Tristán, al comienzo los fiscales estaban preocupados por esta situación, porque si no hay colaboración de las víctimas no se puede hacer mucho.
Humberto Rodríguez, fiscal coordinador de la Unidad de Homicidios de Los Santos, corrobora el panorama indicando que muchas personas se cohíben de informar sobre sus casos por temor a ser agredidas.
Según Rodríguez, por ejemplo, en el caso de la muerte de un joven de La Villa hay tres sospechosos, y tres más por el caso del homicidio de un joven en La Tronosa, pero hasta la fecha no se han encontrado elementos vinculatorios directos, precisamente por la falta de cooperación de los familiares y testigos.
Jahír Pérez, defensor del Pueblo en Los Santos, confirmó el temor de las personas; pero a su juicio, esta situación puede cambiar si hay mayor presupuesto para las investigaciones y la implementación de la protección de los testigos.
De igual manera, Pérez considera que debe haber más policías y laboratorios de ADN en cada distrito judicial, para no tener que enviar las pruebas a la capital.
La magistrada González, por su parte, indica que para que el sistema sea efectivo, las partes involucradas como Policía Nacional, Criminalística, fiscales, defensores y jueces deben adherirse al cambio radical que supone esta herramienta. Este cambio incluye mejor preparación de los casos, investigación y manejo de las pruebas, entre otros aspectos.
