Durante la audiencia le correspondió a la fiscal Esperanza Montenegro de la fiscalia del crimen organizado legalizar tres solicitudes de incautación de datos de 12 números telefónicos aproximadamente a tres empresas de telefonía celular.
Las victimas no acudieron a la audiencia, pero si familiares y amigos de ambas partes vinculadas al proceso. Foto/José Vásquez
Sin la presencia de las víctimas, se llevó a cabo la audiencia de garantías en el Tribunal Superior de Justicia en Chiriquí a los panameños Leni Carlos Martínez Madrid de 41 años, Alvín Isac Gutiérrez de 22 años y ex agente de la Policía Nacional, y al sirio Laid Said de 36 años el Ministerio Público les formuló cargos por el presunto delito de privación de libertad en la modalidad de secuestro y contra el Patrimonio Económico (robo agravado) en perjuicio de los empresarios Ciad Shaker Abu Awad y Monir Jibarah ocurrido en horas de la madrugada del uno de octubre y posterior liberación a las 9:00 de la noche de ese mismo día.
La fiscal Yaisa Morales, sustentó que el móvil del secuestro fue la petición de un millón de dólares a cambio de su liberación a los familiares por los presuntos secuestradores el cual no se llegó a pagar.
La funcionaria relató durante los hechos de formulación de cargos que ambos empresarios fueron privados de su libertad en horas de la madrugada al momento que llegan al parque Manuel Amador Guerrero, cuando se detienen en el auto Ram color gris de Ciad y Monir baja para abordar su auto y fue en ese momento cuando fueron privados de su libertad bajo amenaza con un arma blanca y otra de fuego, despojándolos de la ropa, tapándoles la vista con esas mismas vestimentas, subiéndolos a otro auto en el que fueron trasladados a otro lugar, en donde los mantuvieron durante las primeras horas con agua y pan; y luego le dieron comida.
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Posteriormente y después de insistir a los familiares para el pago del millón de dólares para liberarlos, los plagiadores deciden dejarlos en libertad, procediendo a ponerles un suncho a los dos juntos y obligándolos a contar hasta 200, una vez contados deciden quitarse la ropa que le tapaban los ojos y salen corriendo y se percatan que están en el sector de Gariche en la vía interamericana donde son auxiliados por el señor Anel Gabriel Gómez conductor del bus de la ruta David- frontera entregándolos en el reten ubicado en Santa Marta en el distrito de Bugaba.
A los tres se les legalizó la aprehensión se les vincula por las llamadas telefónicas que se efectuaron para pedir el rescate del dinero y por el intercambio de llamadas que se dieron entre ellos para el uno y dos de octubre asegura la fiscal Moreno.
Durante la audiencia Leni Carlos Martínez Madrid informó a la juez de garantías Irina Gutiérrez que se dedicaba a la agricultura, que reside en Bugaba, mientras que Laid Said de origen sirio señaló que se dedica a la venta de mercancía seca y que alquila una residencia en La Concepción en Bugaba; finalmente Alvín Isac Gutiérrez afirmó que reside en la barriada Elisa Chiari y que es beisbolista.'
A los tres se les legalizó la aprehensión se les vincula por las llamadas telefónicas que se efectuaron para pedir el rescate del dinero y por el intercambio de llamadas que se dieron entre ellos para el uno y dos de octubre asegura la fiscal Moreno.
Durante la audiencia le correspondió a la fiscal Esperanza Montenegro de la fiscalia del crimen organizado legalizar tres solicitudes de incautación de datos de 12 números telefónicos aproximadamente a tres empresas de telefonía celular; además de lograr que la juez le legalizara el allanamiento excepcional efectuado en la barriada Loma Colorada en David, donde se aprehendió a Alvín Isac Gutiérrez, ya que al momento que se allanó la casa de su Mamá este no estaba.
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Las defensas de Lenin Carlos Martínez y Laid Said están en manos de los abogados de oficio Andrés Solis y Shanaika Smith respectivamente, mientras que Alvín Gutiérrez es defendido por el abogado particular Manuel Suira y Luis Quiodetis.
Finalmente la juez de garantías legalizó la detención preventiva de los tres aprehendidos solicitado por el Ministerio Público y dio un plazo de seis meses para que se investigue la causa.
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