PANAMÁ
El alcalde Chong, dijo que durante la pasada administración, los pagos a la empresa proveedora eran gestionados por el municipio ante el Ministerio de Seguridad
Unos cinco municipios del país que cuentan con centros de videovigilancia se encuentran en la misma situación y en todos ellos no se han podido ubicar los contratos con la empresa proveedora. Foto. Eric Montenegro
La deuda heredada por la actual administración municipal, para con la empresa encargada del soporte y mantenimiento técnico del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, pone en grave riesgo la operatividad de la red de videovigilancia.
La deuda acumulada, aunque sin precisar el monto, dijo el alcalde de la Chorrera, Eloy Chong, data del año 2023 y los meses transcurridos del presente año.
A criterio del Alcalde el contrato suscrito con la empresa proveedora del servicio debe ser sometido a revisión, considerando que los montos establecidos son demasiado altos.
El cese de las operaciones del COM implicaría un duro golpe para los estamentos de seguridad, en especial la Policía Nacional (PN) quien se apoya en este recurso para la prevención del delito.
El alcalde Chong, dijo que durante la pasada administración, los pagos a la empresa proveedora eran gestionados por el municipio ante el Ministerio de Seguridad, quien a su vez se encargaba de realizar los desembolsos.
No obstante, la directora nacional de Descentralización, Roxana Méndez, ha advertido que no se continuará con esta práctica, razón por la cual los municipios deberán decidir si continúan con este servicio.
El equipamiento e instalación de los centros de videovigilancia corrió por cuenta de la descentralización, pero su sostenimiento en el tiempo es tarea de los municipios, dijo Méndez.
Enfatizó además que los municipios deben revisar los contratos suscritos con las empresas que prestan el servicio para la operación del COM y definir responsabilidades.
Añadió que, en las próximas semanas sostendrá una reunión con el ministro de Seguridad, Frank Abrego, de modo que este ministerio pueda asumir parte de los costos.
Unos cinco municipios del país que cuentan con centros de videovigilancia se encuentran en la misma situación y en todos ellos no se han podido ubicar los contratos con la empresa proveedora.
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