Las organizaciones ambientalistas de las Tierras Altas chiricanas esperan que la Fiscalía Superior acepte la demanda interpuesta por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) contra las personas que cometieron daños ecológicos al área protegida del Parque Nacional Volcán Barú.
Damaris Sánchez, miembro de la Fundación para el Desarrollo Integral de Cerro Punta (FUNDICCEP), explicó que el hecho se registró el pasado lunes 16 de mayo, y ahora esperan que se compruebe el delito porque consideran que los actos que se cometieron tienen consecuencias ambientales negativas.
Aseguró que han conversado con el administrador de ANAM, y le indicaron que un equipo de especialistas entre botánicos y biólogos recorrieron el área para analizar todas las plantas y las especies que fueron afectadas con el corte.
No obstante, exigen a las autoridades que se apliquen las sanciones que dictan las leyes, de tal manera, que sea un ejemplo para el país.
Deben dejar claro que no se puede atentar contra la naturaleza, porque tendría serias repercusiones, indicó Sánchez.
Agregó que ahora hay gran preocupación con la cuenca del río Chiriquí Viejo, porque se trata de la más larga e importante de la provincia, pero en su recorrido registra los más altos índice de erosión.
Además, es notable el uso de plaguicidas que se produce en las Tierras Altas.
En la zona bananera del distrito de Barú caen los residuos a la cuenca del río, por lo que han realizado jornadas de orientación a los productores, para tratar de evitar mayores riesgos, comentó.
La representante de FUNDICCEP explicó que en la búsqueda de minimizar los riesgos, se han elegido a 20 productores, quienes aceptaron que dentro de sus fincas se lleven a cabo obras de conservación de suelo, con el manejo sostenido de la actividad agrícola.
En Cerro Punta hay una erosión de suelo de 250 toneladas de tierra por hectárea que se pierden anualmente y los estudios que se han realizado datan de varios años, manifestó Sánchez.
Adelantó que a través de un Proyecto de las Naciones Unidas se efectúa una consultoría para estudiar los niveles de erosión que existen en la zona.
El propósito es prevenir los problemas de certificación y detener las pérdidas de suelo.