El director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Rafael Ruiloba, reiteró ayer su posición de exigir que se anule el contrato de concesión en el cual se otorga a una entidad privada la administración del Museo Antropológico.
La medida fue adoptada por considerar que el contrato es inconstitucional, y es una "patraña" de los gobernantes anteriores donde puede existir una lesión patrimonial,
Ruiloba hizo tales señalamientos, tras sostener que el INAC, tiene una posición de principio que consiste en defender el patrimonio histórico y en ese aspecto, recalcó que el Estado no puede cederle a una entidad privada, el derecho que le otorga la constitución.
El vocero aseguró que revisarán los procedimientos que se efectuaron, porque consideran que no se cumplió con los fundamentos legales para llevar a cabo ese proceder.
Ante tal situación, el funcionario no descartó la posibilidad de que exista una lesión patrimonial, donde se hizo uso del poder y en la que tienen responsabilidad política, todos los que estuvieron involucrados con esa cadena administrativa para conceder el mencionado beneficio.
Ruiloba anunció que en las instancias administrativas del INAC, solicitará a la junta directiva que autorice la cancelación del contrato y posterior a la investigación, estimarán si es necesario o no, interponer una denuncia ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP).
Sostuvo que el INAC, no puede transferir fondos o cifras a un organismo privado, si no media una ley que lo establezca y en este caso, los concesionarios sólo tienen un contrato.
Recientemente, Ruiloba anunció que el INAC está en la potestad de anular el contrato firmado con el Patronato del Museo "Reina Torres de Araúz", por incumplimiento de la póliza de seguro, situación que podría deteriorar más las relaciones con la directora Ana Elena Porras, quien pidió a las autoridades competentes, que investigaran el paradero de piezas de oro y cerámica que se han perdido del Museo Antropológico desde 1995.
En esa ocasión, la funcionaria se mostró preocupada, porque uno de los funcionarios que fueron señalados por los auditores del INAC, como los "sospechosos" de los hurtos, labora actualmente en la Dirección de Patrimonio Histórico de la entidad cultural.
