Las casas desocupadas del área revertida de Gatún podrían ser derrumbadas por orden de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Esta posibilidad ha generado disgusto entre la clase popular y política de la provincia de Colón, que considera a la entidad fuera de todo sentido humano y amor nacionalista.
Julio Kennion, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), condenó la demolición de las primeras viviendas y cuestionó el pretexto de la ACP, que alega que el costo para mantenerlas es mayor que lo que cuesta derrumbarlas.
Kennion considera que si en 1964 murieron panameños por enarbolar la bandera en la "Zona del Canal" y el desaparecido líder Omar Torrijos firmó los tratados, entonces no entiende el porqué hacer leña de la conquista nacional.
El político coincidió con el arnulfista Jacobo Salas, legislador de Colón, al manifestar que más dinero se gasta en sistemas que la ACP no ha podido hacer funcionar bien, que derrochar el dinero de todos tumbando casas.
Unas 300 de concreto y otras de construcción mixta de madera y concreto, fueron ocupadas por el personal que durante la administración de Panama Canal Commission (PCC), requería por su experiencia residir cerca de la vía, para prestar auxilio en caso de emergencia.
Entre los que allí residían se encontraban profesionales panameños y norteamericanos que gozaban de un privilegiado lugar, al borde de la vía acuática y con los principales servicios básicos, energía eléctrica ininterrumpida, teléfono y agua potable las 24 horas.
A principios del año, unas 60 familias del sector se reunieron porque temían que se les desalojara del área, pero luego de conversaciones con los directivos del Canal de Panamá, se acordó que no serían sacados de este sitio.
Por su parte, el veterano político Jacobo Salas indicó que la ACP tiene más poderes que ninguna otra institución de Gobierno y eso en el futuro podría afectar a los panameños, porque hoy se derriban sólidas viviendas y mañana no se sabe qué pasará con otros bienes que son de todos.
Para Thadeus Williamson, de la colonia antillana, los colonenses no han tenido suerte con los problemas de la falta de vivienda y las inversiones que tiene que hacer el Estado, y el colmo es que ahora una de sus instituciones ordene derribar las casas.
Williamson pide la intervención de la Asamblea Legislativa y de la mandataria Mireya Moscoso, ya que es injusto, incomprensible y hasta inexplicable que se destruyan los bienes y el patrimonio nacional por decisión de unos cuantos.
Sostuvo que hay que investigar qué hay en el fondo y qué se hará con las tierras y áreas verdes que quedarán solitarias cuando se culmine la demolición de las estructuras y qué uso y destino le darán a los materiales que se extraen de los trabajos de demolición.
Grupos políticos estudiantiles del Centro Regional Universitario que organizaron los actos conmemorativos del 9 de enero, manifestaron que es una vergüenza que se destruya la conquista de Ascanio Arosemena y otros jóvenes.
Felipe Cabezas, de la agrupación Renovación Universitaria, dijo que repudian el hecho y que piden a todos los sectores interesados en impedir la destrucción de las viviendas a oponerse y apelar a la ayuda de los altos dignatarios del Gobierno.