Precaristas cuestionan ayuda de Asentamiento de Burunga

P. Oeste. El dirigente de los precaristas, Carlos Castillo, advirtió que los miembros del Asentamiento Unión Campesina, de Burunga, han incumplido su palabra de ceder 12 hectáreas de terreno para brindarle soluciones habitacionales a unas 200 familias desalojadas.
Dijo que ayer se reunieron con funcionarios de la Defensoría del Pueblo para exponerle la situación. Durante el encuentro, los representantes de esa entidad decidieron consultar con los asentados para conocer las razones por las cuales no han cumplido con la contribución ofrecida.
Adelantó que se presentaron además a la Procuraduría General de la República, para exigir que la demanda interpuesta ante ese tribunal por las presuntas irregularidades en la venta de 120 hectáreas de terreno del asentamiento campesino a una empresa privada, siga su curso legal.
Precisó que se reunirán con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Pedro Adán Gordón, para solicitarle que se anule el usufructo de las tierras a los asentados por incumplir con la función social. Agregó que hoy se presentarán ante el Consejo Municipal para solicitar una solución inmediata. Tras la reunión, los precaristas decidirán si invaden nuevamente los terrenos.
Por su parte, la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC) en un comunicado señala que esa organización recomendó a la Dirección Nacional de Reforma Agraria que se vendieran los derechos posesorios de aproximadamente siete hectáreas de terreno, ubicadas fuera del globo de tierra invadido.
La nota, firmada por el vicepresidente de la CONAC, Salustiano Hernández y miembros de la junta directiva del asentamiento Unión Campesina, señala que la decisión fue acogida por los asentados afectados por las invasiones de los terrenos, no obstante, un grupo encabezado por Carlos Castillo y respaldado por figuras políticas, rechazó la propuesta y en su defecto asumieron volver a invadir las tierras.
Indica que en la diligencia de inspección ocular practicada el 24 de noviembre del 2000 a los terrenos invadidos, por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), se determinó que las acciones de los invasores trajo perjuicio económico a la Unión Campesina.
Sin embargo, detallan que la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a la fecha no ha indagado a ninguno de los organizadores de la invasión, a pesar que la ANAM solicitó sanciones para Castillo por la tala indiscriminada de árboles.