P. Oeste. Unos 200 precaristas que invadieron los terrenos del asentamiento Unión Campesina de Burunga, liderado por Carlos Castillo, se manifestaron ayer frente a las instalaciones del Consejo Municipal de Arraiján, para exigir respuestas concretas a sus necesidades habitacionales.
Los precaristas se dirigieron a la sede del Concejo, las 9:00 a.m. y luego se introdujeron a la sesión con un megáfono, mientras el resto permaneció fuera bajo una pertinaz lluvia, en momentos en que el dirigente Castillo exponía los problemas sociales que padecen desde que se les desalojó.
Los ánimos se caldearon cuando el alcalde Jaime Barroso, durante su intervención en la sesión, acusó a Castillo haber delegado instrucciones al abogado de los precaristas, Dagoberto Franco, de retirarse de la mesa de negociaciones, conformada por el asesor presidencial, Alvaro Antadillas; el defensor del pueblo, Juan Antonio Tejada y autoridades jurídicas de Reforma Agraria, rechazando las siete hectáreas de terrenos del sector de Palo Diferente, ofrecidas en contribución por los asentados.
Luego de aproximadamente 30 minutos de discusión, se apersonaron unidades de la Policía Nacional, para vigilar la manifestación. Castillo explicó que se presentaron al Consejo Municipal para mostrarle el listado de unas mil familias del resto de las 93 que se les reubicará en Palo Diferente, además de solicitarle a los representantes un inventario de los daños materiales de más de 500 viviendas destruidas junto con los enseres, durante el desalojo ejecutado por las unidades de la Policía Nacional en coordinación con funcionarios del Municipio de Arraiján.
Indicó que como dirigente jamás se ha opuesto a la contribución de siete hectáreas de terrenos, ni a la compra de tres hectáreas más por parte del legislador Vicente Magallón, enfatizando que el problema radica en que las 10 hectáreas no alcanza para la cantidad de familias necesitadas. Añadió que en los próximos días se reunirán con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Pedro Adán Gordón, quien estudia la posibilidad de otorgar 20 hectáreas de tierras en el conflicto.
