Trescientas familias de invasores que se mantienen en los terrenos denominados La Gran Bendición, en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, se opusieron a que funcionarios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizaran ayer un estudio socioeconómico entre ellos para determinar las familias que califican para ingresar al programa Techos de Esperanza.
Tal situación agrava las ya tensas relaciones entre la entidad y los invasores, toda vez que estos últimos solicitaron al Ejecutivo en una reciente reunión con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, la expropiación de los terrenos.
Tras una estéril conversación entre los precaristas y los funcionarios del Miviot, la situación se muestra incierta, toda vez que Roiz Navarro, abogado de la familia propietaria de los terrenos de La Gran Bendición, mostró tanto a los funcionarios del Miviot como a los invasores los planos del terreno, los títulos correspondientes y el documento expedido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que autoriza el lanzamiento de los precaristas.
Navarro explicó que los dueños han tenido mucha paciencia y tolerancia para con los invasores y que la última disposición de la Corte debe acatarse.
Pablo Martínez, representante del grupo de los invasores, sostiene que el Ejecutivo debe expropiar los terrenos y darles a ellos, en lugar de las inmobiliarias, $10,000 para construir sus casas, y con ello estaría resolviendo el problema de muchos, en lugar de interceder por extranjeros que mantenían abandonados esos terrenos.
