Unas 50 personas de hogares humildes en la barriada La Cascada, áreas revertidas de Arraiján, realizaron un piqueteo frente a las oficinas regionales de UNION FENOSA, para exigir a la administración privada la restauración del servicio de electrificación.
Los quejosos se apostaron desde horas del medio día de ayer, frente a la edificación y luego miembros de la administración de la empresa privada, les recomendaron nombrar una comisión para discutir el tema durante una reunión a puerta cerrada.
Según Manuel Flores, vocero de los afectados, acordaron llevar a cabo la acción de protesta frente a las oficinas de la empresa, porque personal de UNION FENOSA custodiado por unidades de la zona policial, este viernes durante un operativo les llevaron todos los cables que habían instalado ilegalmente para obtener el suministro de electrificación.
"Estamos de acuerdo que suspendan el servicio en la comunidad, ya que estamos conscientes de que robamos luz y no es por negarnos a pagar, sino que hasta la fecha se nos ha negado la instalación legal del sistema; pero en esta ocasión no sólo cortaron el fluido, sino que se introdujeron a las casas para llevarse los cables", reiteró la fuente.
Explicó que la mayoría de cabezas de familia de la comunidad acordaron protestar frente a las instalaciones de la compañía responsable del suministro eléctrico, cansados de la zozobra en que se encuentran.
También para exigir a la compañía la instalación del sistema de electrificación, a las más de 200 familias, y así tramitar sus contratos, sostuvo Flores.
El vocero de los afectados aseguró que desde hace cinco años se fundó la comunidad, pero ante la falta de vías de comunicación, la empresa se oponía a instalar los postes para los cables de alta tensión, y desde todo ese tiempo la comunidad ha tenido que instalar cables brujos.
"En primera instancia se negaban a instalar el sistema por la falta de calle, pero desde hace tres años se trazaron los tramos carreteros y todavía estamos a la espera de que instalen los postes del fluido eléctrico", subrayó.
Reconoció que más de 200 hogares de la comunidad han tenido que instalarse ilegalmente.
