P. Oeste. Una querella criminal contra el alcalde Jaime Barroso por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, fue interpuesta ayer ante la Procuraduría General de la Nación por miembros de la Fundación Voz de Arraiján.
El presidente de la agrupación, Dagoberto Franco, se presentó a las 11:00 a.m. ante la Procuraduría, acompañado de residentes de Arraiján, quienes con pancartas en mano gritaban consignas para exigir al procurador de la Nación, José Antonio Sossa, acoger el recurso legal y que se haga justicia en cumplimiento de ley y la Constitución Nacional.
Según el jurista, el recurso legal se sustenta en que el alcalde ha otorgado 47 permisos transitorios para realizar actividades bailables en los terrenos de la piquera de buses, en plena violación del artículo N° 2 de la Ley 55 del 10 de julio de 1973, modificado por la Ley N° 32 del 9 de febrero de 1973.
Argumentó que el artículo N° 2 de la ley establece que la venta de bebidas alcohólicas sólo podrá ser expedida por el alcalde del respectivo distrito, previa autorización de la Junta Comunal y para poder operar deberá obtenerse licencia comercial otorgada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) a nombre del interesado.
Señaló que para fines de beneficio comunal, el alcalde podrá expedir a las Juntas Comunales autorización para la venta de bebidas alcohólicas en cantinas o sitios, sin el requisito de la licencia comercial, con ocasión de las fiestas patrias, del carnaval, fiestas patronales y feria de carácter regional que se lleven a cabo en una ciudad o población.
"De lo expuesto queda aclarado que es el alcalde la autoridad facultada para otorgar licencia para el expendio de bebidas alcohólicas dentro del distrito, previa autorización de la Junta Comunal, pero solamente se concede a establecimientos de carácter permanente", expresó.
Indicó que ni el alcalde ni la Junta Comunal, actuando aislado o conjuntamente, pueden otorgar este tipo de autorización para la venta de bebidas alcohólicas a particulares.
Por su parte, Barroso señaló que la querella criminal carece de fundamento y no es más que el seguimiento de una campaña para desprestigiar su imagen ahora que se acercan las elecciones internas del Partido Arnulfista, para escoger al Directorio Ejecutivo de corregimientos.
